El impacto de las modificaciones previstas para los años 2011, 2012 y 2013 supondrían una reducción de los ingresos de aproximadamente un 25%, porcentaje que el conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, ha cuantificado en unos 121,5 millones de euros.
La Generalitat entiende que el RDL 147/2010 puede ser contrario a la Constitución Española al cambiar con carácter retroactivo el régimen económico de las instalaciones fotovoltaicas que están en funcionamiento. El artículo 9.3 establece que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
La segunda inconstitucionalidad a juicio de la Generalitat Valenciana es el hecho de que durante los años 2011, 2012 y 2013 exista una reducción extraordinaria del número de horas con derecho a cobrar la prima equivalente por producción de electricidad que se aplicará para todas las instalaciones sin tener en cuenta en la zona climática en la que se encuentran. Se establece, por ejemplo, un valor único de 1.250 h/año para las plantas fijas.
“Este criterio”, asegura el gobierno valenciano, “implica una reducción retributiva no proporcional entre zonas climáticas, que no tiene en cuenta criterios de distribución territorial equitativos entre zonas climáticas, y en consecuencia entre las distintas Comunidades Autónomas”. De esta manera en la Comunitat Valenciana las pérdidas medidas serán de entre el 22 y el 29%, mientras que en el conjunto del estado sería de un 15%.
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