De hecho ni se ha querido agotar el plazo para presentarlo. El gobierno que preside Ramón Luis Valcárcel entregó la semana pasada en el Tribunal Constitucional los argumentos jurídicos en los que basa su petición de inconstitucionalidad contra el RD-ley 14/2010.
El gobierno de la Región de Murcia entiende que el gobierno central intenta aplicar medidas retroactivas que modifican sustancialmente el marco legal existente, perjudicando las inversiones que en su día realizaron unas 200.000 personas (la gran mayoría agricultores) acatando las normas impuestas para quienes decidieron invertir en energía solar fotovoltaica. Inversiones que en el caso de Murcia suman una potencia instalada de aproximadamente 350 MW.
Entre los cambios más destacados con los que el gobierno murciano ha mostrado su desacuerdo se encuentran la limitación de las horas de producción, sin tener en cuenta la zona climática de la instalación, lo que perjudica a las comunidades con mayor capacidad de producción por su índice de radiación solar, y la imposición de un peaje para cualquier productor.
El recurso del Gobierno regional plantea que las reglas de juego jurídico que regula la actividad de la producción eléctrica fotovoltaica no se pueden modificar una vez fijado un escenario para el sector y después de que pequeños, medianos y grandes inversores hayan realizado sus instalaciones. Esta modificación quebranta los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que proclama el ordenamiento jurídico.
Además de la inseguridad jurídica que puede generar el Real Decreto Ley, el recurso del Gobierno regional también se basa en la discriminación y arbitrariedad de esta norma promulgada por el Gobierno central, así como en la vulneración de los artículos 9.3 (garantías jurídicas) 14 (igualdad ante la ley), 86 (decretos-leyes y su convalidación), 138 (solidaridad e igualdad territorial) y 139 (igualdad de los españoles en los territorios del Estado) de la Constitución Española.
