Judicialmente la única opción es el Tribunal Constitucional, ya que las modificaciones normativas decididas por el Ministerio de Industria fueron aprobadas por el Consejo de Ministros en la forma de Real Decreto-ley, una fórmula ante la que sólo cabe cuestionar su constitucionalidad, no su legalidad.
El gobierno de Extremadura apoya casi en su totalidad el contenido del RD-ley 14/2010 en el que se establecen medidas correctoras del déficit tarifario. La discrepancia surge porque se considera injusto y discriminatorio que la limitación de horas con derecho a cobrar prima durante los años 2011, 2012 y 2013 sea la misma para todos sin distinguir en cuál de las cinco zonas climáticas en las que se divide España está ubicada la planta solar.
Diálogo con el gobierno central
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura pidió, como es preceptivo, el dictamen del Consejo Consultivo, órgano que estimó la oportunidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad. El dictamen, que no es vinculante, daba la razón a los servicios jurídicos de la Junta, que habían recomendado personarse ante el Tribunal Constitucional.
Aun teniendo el beneplácito de los servicios jurídicos y del Consejo Consultivo, el gobierno extremeño ha optado por utilizar la vía del diálogo con el ejecutivo central. El Tribunal Constitucional permite a los litigantes, en este caso la Junta de Extremadura y el gobierno central, formar una comisión bilateral con el objetivo de solventar sus diferencias sin necesidad de interponer recurso.
La Junta de Extremadura, según las fuentes consultadas por Energías Renovables, ha decidido utilizar esta fórmula para intentar resolver el litigio. Mañana día 24 se cumplen los tres meses de plazo que establece la ley para poder presentar un recurso contra un Real Decreto-ley. Sin embargo, al crear una comisión bilateral ese plazo se amplía otros seis meses. Es decir, Junta de Extremadura y Ministerio de Industria disponen hasta septiembre para solucionar el conflicto. Si no lo consiguieran, el gobierno extremeño podría optar de nuevo por la interposición de un recurso de inconstitucionalidad.
Los gobiernos central y extremeño ya se han visto las caras. Ha habido una primera reunión a efectos fundamentalmente de constitución, sin entrar a fondo en la materia, según han asegurado las fuentes consultadas por Energías Renovables.
