El informe “I+D+i y Cambio Climático: Como aprovechar la capacidad tecnológica de la empresa española” está elaborado por la Fundación Entorno, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y Marino. En el documento han participado 27 expertos y 16 empresas que analizan, a través de 127 proyectos, la capacidad tecnológica de las compañías españolas y el tipo de políticas públicas que deben adoptarse para incentivar la inversión privada en sectores claves como la energía, el transporte, la edificación, la industria y las TICs.
Durante la presentación en Madrid del documento, la directora de la Fundación Entorno, Teresa García Orcoyen, ha señalado que “para poder innovar en eficiencia energética es necesario contar con financiación, talento e infraestructuras y con el apoyo de las políticas públicas”. García Orcoyen resaltó también que “2010 ha sido el año de mayor inversión en tecnologías bajas en carbono con 243.000 millones de euros, pero es necesario coger más ritmo”. Un incremento, que como se analiza en el documento, se debe a las ayudas y a la inversión pública fundamentalmente.
Según recoge el informe, la Agencia Internacional de la Energía estima el déficit entre el actual gasto en I+D+i y el necesario para reducir en un 50 % las emisiones de CO2 entre 400.000 y 900.000 millones de dólares. En este sentido Orcoyen recalcó que “para cumplir los objetivos de reducción de emisiones que hace la AIE e innovar en tecnologías bajas en carbono es necesario ampliar las ayudas de las administraciones públicas y del sector privado”. Una colaboración que se hace especialmente necesaria en las primeras fases del I+D (investigación y desarrollo), y que por lo general suelen estar sustentadas por ayudas de carácter público.
Apoyo privado limitado
García Orcoyen explicó que “el sector energético requiere mucho capital, tiene un largo periodo de retorno y no es especialmente novedoso, ya que lo que se busca es obtener una nueva tecnología con menos impacto ambiental”. Esta situación limita el apoyo de la inversión privada a las fases de comercialización y maduración de los proyectos, que son las que presentan menos nivel de riesgo.
En este sentido, el informe invita a las administraciones a crear marcos políticos y normativos que aceleren la demanda en tecnología baja en carbono, que garanticen un mercado que facilite el retorno de las inversiones, que ofrezcan garantías para la comercialización de las tecnologías y que permitan disminuir el riesgo. “La puesta en marcha en España de algunas medidas han permitido el despliegue de las renovables y se ha conseguido que algunas empresas españolas sean líderes en diferentes tecnologías”, asegura García Orcoyen.
Por su parte, la secretaria de estado de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Teresa Ribera, hizo hincapié en que cada vez hay mayor inversión privada en I+D por parte de países extra OCDE que en los países supuestamente capacitados para asumir el riesgo”.
Así mismo, indicó que “de 2004 a 2010 las emisiones del sector eléctrico se redujeron a la mitad gracias a unas políticas y un marco regulatorio exigente”, y mostró su sorpresa ante “la falta de confianza hacia otras herramientas financieras que implican una mayor asunción del riesgo de la inversión privada, y la excesiva confianza en la eficiencia de las primas". El apoyo y los incentivos fiscales al sector de las renovables ha permitido, como explicó Teresa Ribera, “pasar de unas 39 patentes registradas en el año 2000 a unas 200 en 2009”.
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