El presidente de Avaesen, José Antonio Soler, ha pedido la intervención del Síndic de Greuges, José Cholbi, quien se ha comprometido a trasladar las quejas a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, María Luisa Cava, que es la única defensoría del pueblo con capacidad legal para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Avaesen considera perniciosos los efectos que sobre las instalaciones fotovoltaicas tienen el Real Decreto 1565/2010 y el Real Decreto-ley 14/2010. En su opinión ambas vulneran con carácter retroactivo derechos garantizados por normas anteriores. Además, “los asesores jurídicos de la asociación han señalado que esta legislación también supone una vulneración del principio de seguridad jurídica, ya que no se garantiza la rentabilidad razonable de las instalaciones fotovoltaicas”.
Desde Avaesen advierten que el Real Decreto-ley 14/2010 va en contra de la transposición de la Directiva Europea 2009/28/CE del Parlamento Europeo al poner trabas al desarrollo de las energías renovables.
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