La Palma fue elegida en 2019 isla piloto del proyecto europeo Energía Limpia para las Islas de la Unión Europea. En el marco de ese proyecto, varias acciones y eventos se han estado ejecutando. Una de esas acciones tuvo lugar en septiembre de 2019, cuando La Palma Renovable, entidad financiada por el Cabildo Insular de La Palma, organizó 5 talleres sectoriales y uno, transversal, para crear la Agenda de Transición insular y trabajar en aras de "la urgente descarbonización de La Palma". De aquellos talleres han surgido además los denominados Grupos de Acción, integrados por personas voluntarias que llevan desde entonces trabajando en diversas líneas. Uno de esos Grupos se ha centrado en el asunto que nos ocupa: la reversión (devolución al estado) y puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica del Salto del Mulato (San Andrés y Sauces, La Palma), continuando así el trabajo iniciado por miembros de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de La Palma.
La Palma Renovable contextualiza
Las concesiones hidráulicas, como la del Salto del Mulato, son contratos temporales (que acostumbran llegar a los 75 años) y consisten -explican desde La Palma- en ceder el derecho a utilizar el agua pública a una entidad privada para generar energía renovable (hidroelectricidad) a cambio de (1) realizar las obras necesarias, (2) pagar un canon a la administración y (3) entregar las instalaciones tras su finalización. A la finalización del contrato se le denomina extinción y a la entrega de las instalaciones, reversión. Pues bien, de acuerdo con las informaciones recopiladas por el Grupo de Acción, las instalaciones han estado sin generar energía desde el año 2003, "incumpliendo con el objetivo principal de la misma". Además, dicha concesión finalizó el 22 de marzo de 2012 (el periodo máximo de explotación concedido). Por este último motivo, en el año 2017 el Consejo Insular de Aguas de La Palma inició un expediente de extinción que aún se encuentra sin resolver, ya que no incluía la reversión, pues un informe técnico indicaba que los bienes eran de titularidad privada.
Desde el Grupo de Acción se señala que se han encontrado documentos probatorios de que la propiedad de los terrenos e instalaciones están vinculadas a la concesión, ya que en el año 1956 el Consejo de Administración de Riegos y Fuerzas de La Palma SA decidió crear una unidad orgánica de explotación, por lo que la extinción de la misma implica también la reversión de los bienes, que deberán encontrarse en perfecto estado de funcionamiento, igual que ocurre en todas las concesiones que han llevado a cabo el expediente de extinción en España. Cabe destacar que la instalación fue construida y puesta en funcionamiento con dinero público, además de la adquisición de los terrenos, que también fueron comprados por la empresa pública Riegos y Fuerzas de La Palma SA. Desde el 1 de enero de 1971 la concesión pasa a manos de Unelco (ahora Endesa), que la mantuvo varias décadas en explotación sin pagar ningún tipo de canon.
Según el Grupo de Acción de La Palma Renovable que ha estado trabajando el caso del Salto del Mulato, "esta nueva información contradice lo que Endesa ha estado declarando, ya que siempre ha afirmado que las instalaciones son de su propiedad". El Grupo añade además que "esta misma posición ha sido mantenida hasta este momento por los informes técnicos del Consejo Insular de Aguas".
Alexis Martín, miembro voluntario del Grupo de Acción del Salto del Mulato: “ante esta circunstancia nos cuesta entender cómo este expediente se encuentra en una gaveta. Llevamos más de 8 años sin realizar el trámite administrativo necesario. Ya toca exigir celeridad y que la administración haga el trabajo que le corresponda”
Según declara el Grupo, en la situación de emergencia climática en la que nos encontramos, no se puede entender que una instalación de este tipo se encuentre en desuso. En ese sentido, el Grupo de Acción considera que "es necesario que desde el Cabildo se destinen los mejores recursos, dejando a un lado los fines partidistas, para que se haga realidad la extinción de la concesión y la reversión de sus bienes lo antes posible. Otras concesiones en España -señalan desde el colectivo- han corrido mejor suerte y ya se encuentran en manos de la administración pública".
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