La misiva, promovida por las eurodiputadas Soledad Cabezón y Clara Aguilera, y dirigida al comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, recuerda que el pasado 13 de marzo, representantes de la Comisión Europea informaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento, de la existencia de “un expediente de infracción sobre la Directiva de Biodiversidad”. Al mismo tiempo, “alentaban a las autoridades andaluzas y a los peticionarios a acudir a la justicia ante los indicios de infracción”. En la carta ahora enviada por Cabezón y Aguilera, la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo ruega al comisario que formule "al Gobierno de España la petición de paralización cautelar del proyecto y elaboración del pertinente estudio de impacto ambiental".
Desde 2011
El texto señala además que la Junta de Andalucía solicitó ya en 2011 la realización de un estudio de impacto ambiental conjunto que analice los efectos acumulativos del proyecto, “lo cual se recoge explícitamente en la última actualización de la Directiva 2014/52/UE y en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (Ley 21/2013)”. Recuerda también que el Defensor del Pueblo Andaluz emitió “una queja formal al Gobierno de España, fundamentada especialmente en el informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que alerta del peligro sísmico si se prosigue con los proyectos y de la importancia de realizar un estudio de impacto ambiental conjunto ya que los proyectos por separado afectan al mismo acuífero de Doñana”. Los eurodiputados socialistas apuntan a que “el Gobierno de España no ha dado respuesta alguna y las obras continúan”, por lo que solicitan la intervención de la Comisión Europea.
A continuación, Energías Renovables reproduce, íntegramente, la carta enviada por el Grupo Socialista a la Comisión Europea
«El Espacio Natural de Doñana, declarado como tal en 1999, además de ser Zona de Especial Interés para las Aves (ZEPA) desde 1987 y Zona Especial de Conservación (ZEC) desde 2012, posee una biodiversidad única, forma parte de la Red Ecológica Natura 2000 y está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1980.
Desde el año 2010 se están llevando a cabo las obras relativas al proyecto del gaseoducto que traviesa el Parque Natural, para lo que la empresa a cargo presentó cuatros proyectos con estudios de impacto medioambiental independientes.
Desde 2011 la Junta de Andalucía solicita la realización de un estudio de impacto conjunto que analice los efectos acumulativos del proyecto, lo cual se recoge explícitamente en la última actualización de la Directiva 2014/52/UE y en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (Ley 21/2013).
Igualmente el Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido queja formal al Gobierno de España, fundamentada especialmente en el informe del Centro Superior de Investigaciones Científica (CSIC) que alerta del peligro sísmico si se prosigue con los proyectos y de la importancia de realizar un estudio de impacto ambiental conjunto ya que los proyectos por separados afectan al mismo acuífero de Doñana. El Defensor del Pueblo considera tras sus investigaciones que el Gobierno de España debe paralizar las obras de forma cautelar mientras se realice un estudio de impacto ambiental global que incluya, tanto los riesgos sísmicos (cuyos efectos ya han sido constatados en proyectos que utilizan técnicas iguales o similares), como el impacto sobre los recursos hídricos asociados.
En este sentido, el pasado 13 de julio de 2016 se debatió una petición en la Comisión de Peticiones, donde se le trasladaron todos estos aspectos a los representantes de la Comisión Europea solicitando, ya entonces, un estudio conjunto de los proyectos. El 21 de marzo de 2018, se volvió a debatir el tema en cuestión y en esta ocasión los representantes de la CE informaban de un expediente de infracción sobre la Directiva de Biodiversidad y alentaban a las autoridades andaluzas y a los peticionarios a acudir a la justicia ante los indicios de infracción. Al mismo tiempo, eludían cualquier tipo de acción por parte de la Comisión Europea aludiendo a un procedimiento judicial abierto, que no es tal, pues sólo se han adoptado las medidas previas.
Hasta la fecha, el Gobierno de España no ha dado respuesta alguna y las obras continúan.
Sería de especial importancia que la CE y usted como Comisario se interesase directamente por el expediente en cuestión y a la luz de los datos, formulase al Gobierno de España la petición de paralización cautelar del proyecto y elaboración del pertinente estudio de impacto medioambiental en base a las competencias de la misma y así evitar un procedimiento judicial».
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