En el primer trimestre de 2014 la demanda gasista ha seguido decreciendo más de un 11% y se espera que la tendencia se mantenga en 2014. Sin embargo, la construcción e incorporación al sistema gasista de nuevas infraestructuras no ha dejado de crecer incrementándose los costes del sistema gasista por encima de los ingresos. Desde 2008 esta situación se ha intentado atajar con significativos aumentos en los peajes de acceso y unos precios a los consumidores por encima de la media europea.
Dos años antes, en el preámbulo del Real Decreto Ley 13/2012 que paralizó las inversiones gasistas ya se expresaba el origen de gran parte de los problemas del sistema eléctrico cuestionando la continuidad de muchas inversiones en infraestructuras gasistas innecesarias cuando la demanda estaba bajando desde 2007.
En el último año, el cierre por sentencia judicial de la regasificadora del Musel –construida a menos de dos mil metros de Gijón–, el cierre por ruina económica de la central de Elcogás en Puertollano –experimento de regasificación del carbón–, el informe de Red Eléctrica de España a favor del cierre de seis centrales de gas que suman 6.000 MW que solo funcionan al 7% de su capacidad, o la paralización del almacenamiento de gas Castor en la costa de Castellón por riesgo sísmico, son ejemplos de una desastrosa planificación gasista.
El resultado son dos años de fracaso en el control del déficit gasista que se prevé alcance los 800 millones de euros al finalizar 2014 por la entrada en servicio de nuevas instalaciones gasistas y la persistente caída del consumo de gas natural. Sin embargo, este déficit de carácter estructural se afronta en el Real Decreto Ley 8/2014 con medidas coyunturales que harán más grave el problema con el tiempo y, sobre todo, medidas que hacen recaer el peso de los desequilibrios gasistas en los consumidores finales.
Según esta nueva ley, el déficit acumulado de 800 millones será financiado por los titulares de las instalaciones gasistas durante 15 años y se reconocerá como un coste del sistema que al final irá al recibo del gas, copiando de esta manera la fórmula del déficit de la tarifa eléctrica.
El déficit que se produzca a partir de 2015 se equilibrará mediante subidas automáticas de peajes y por si no bastaba, en el artículo 66 se establece un recargo para recaudar 164 millones de euros pendientes de pagar a Argelia como consecuencia del Laudo dictado contra Gas Natural por la Corte Internacional de Arbitraje de París en 2010. Después de la publicación del Real Decreto Ley 8/2014, las gasistas españolas han vuelto a cotizar en los niveles máximos desde 2008.
El déficit gasista aún puede empeorar si la factura de los 1.400 millones de Castor se lleva también al recibo del gas de la misma manera que los contratos del gas argelino. Si la reforma eléctrica ha sido un éxito, como declara el Ministro de Industria cuando afirma que “su estrategia se ha centrado en compatibilizar la sostenibilidad medioambiental con la sostenibilidad económica”, debería explicar por qué los últimos datos de 2014 confirman todo lo contrario, que la demanda sigue bajando y los déficits tarifarios creciendo, y por qué sólo se ha ocupado de eliminar las renovables del sistema mientras ha alentado la sobrecapacidad gasista de mucho más riesgo económico y ambiental.
Aunque la crisis sigue lastrando la demanda energética, la sobrecapacidad gasista no para de crecer. Desde 2011 y más intensamente en los dos últimos años, las empresas españolas siguen firmando nuevos contratos de suministro de gas con Azerbaiyan, Rusia o EEUU. España es el primer importador de GNL de Europa y la dependencia del gas de Argelia alcanzó en 2013 el 53%, saltándose los límites legales.
Pero llaman más la atención los numerosos contratos firmados con la empresa norteamericana Cheniere de gas no convencional a veinte años prorrogables por valor de más de 40.000 millones de euros, que supone el 85% de todos los contratos de la citada empresa y por una cantidad de miles de millones de metros cúbicos (BCM), muy por encima de la demanda nacional.
La fiebre por convertir a España en centro de intermediación de gas para sustituir al gas ruso es una apuesta de mucho riesgo. Las interconexiones que no se han hecho en doce años no se construirán en cinco, seguirán frenadas y aunque la Unión Europea acaba de ampliar la capacidad de interconexión al 15% de la demanda, su financiación no está garantizada.
Alemania tampoco está interesada en apretar las tuercas a Rusia y menos a Gazprom. Antes se construirá el gasoducto de la corriente del Sur por el Mar Negro, los Balcanes y Austria, como se ha hecho el de la corriente del Norte por el Mar Báltico para que el suministro de gas ruso no atraviese Ucrania.
El ofrecimiento de Obama de exportar gas a Europa tampoco es fiable porque depende de la legislación de EEUU, de que construyan sus regasificadoras y de los intereses de las grandes corporaciones americanas más pendientes de la demanda asiática que de la europea, a lo que se suman las incertidumbres del mercado de gas esquisto en EEUU.
La CNMC ha abierto investigaciones por la volatilidad del mercado mayorista, las ofertas de luz a los hogares o los contadores inteligentes. Bien haría en investigar la sobrecapacidad gasista alentada durante la última década y los elevados pagos por capacidad y restricciones técnicas, porque no se comprende por qué el coste de las infraestructuras innecesarias lo han de pagar los consumidores y no los responsables de decisiones tan erróneas.
Esto es más importante ante los primeros pasos de la reforma gasista que pretende eliminar el déficit descontrolado de la tarifa del gas con subidas automáticas de los precios a los consumidores y con planes para que la sociedad española consuma todo el gas que nos sobra y el que las empresas no logren vender en el extranjero.
España tiene el mayor índice de cobertura de Europa, 1,7 puntos, que hace que la mitad de nuestra potencia eléctrica instalada esté ociosa y la energía sea más cara. Las empresas eléctricas están entre las de mayores beneficios de Europa y su revalorización en bolsa es del 20% en 2014. Hay más razones para parar y planificar a largo plazo que seguir inflando la sobrecapacidad del sistema gasista sin haber entendido nada de la crisis que tuvo su origen en la escalada de precios de los hidrocarburos entre 2004 y 2008.
Las reservas de hidrocarburos están detrás de todos los conflictos en el mundo, lo que demuestra una vez más los riesgos de aumentar la dependencia del gas y el petróleo. Es poner en riesgo la seguridad del país e incrementar la factura energética de manera insostenible para sostener a solo un puñado de empresas con mayoría de accionistas extranjeros.
Hace dos meses el Ministro de Economía alemán, Sigmar Gabriel, acusaba al Comisario Joaquín Almunia de querer destruir las renovables en Alemania. El Gobierno español ya las ha dejado en quiebra con el RD 413/2014 y la Orden que establece su nueva retribución. Mientras países como Alemania, Francia, Dinamarca, Italia o Reino Unido han decidido impulsar la industria renovable en su planificación energética y económica, en España se habla de reindustrialización arruinando la rentabilidad y deslocalizando la industria renovable a favor de un sector extractivo insostenible económica y ambientalmente.
Desde la ONU (REMap 2030), la Agencia Internacional de la Energía (ETP2014) y la Unión Europea (JRC) se reiteran los informes que destacan la urgencia de multiplicar las inversiones en renovables y cómo su rentabilidad está garantizada a través de los ahorros por la menor dependencia de los hidrocarburos y la reducción de emisiones de CO2.
Es también la única alternativa de anticiparse a futuras pérdidas de PIB por el creciente coste de los hidrocarburos y los impactos climáticos. Es la diferencia entre un modelo que asegura el bienestar sostenible de las futuras generaciones frente a una política energética de tierra quemada.
