Cuando se observa cómo sube el precio del petróleo estos días a raíz de los combates en Irak y la incertidumbre creciente en los mercados internacionales de hidrocarburos, más sorprende la tesis del Gobierno español de que impulsar nuevos objetivos de eficiencia energética es un obstáculo para la recuperación de la economía. Para quien tuviese alguna duda, el PNAEE 2014-2020 reitera este argumento, el mismo que se utilizó en octubre de 2012 en el voto en contra de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética.
Si en el PNAEE 2011-2020, el anterior ministro Sebastián dejó claro que España en 2010 ya había cumplido los objetivos de ahorro energético que Europa estableció para 2016, en el PNAEE 2014-2020, el ministro Soria vuelve a afirmar que España en 2012 ya ha cumplido el objetivo europeo de eficiencia marcado para 2020. En ambos planes se llega a la misma conclusión de que cualquier objetivo adicional de eficiencia energética es una penalización desproporcionada para la economía española y un obstáculo para su recuperación.
La eficiencia energética es cosa de pobres
El principal reto de la eficiencia energética, expresado repetidas veces por la Comisión Europea, es desacoplar el crecimiento económico del consumo de energía. El PNAEE 2014-2020 se coloca en las antípodas. La elevada intensidad energética de España se ha debido a que la demanda energética ha estado creciendo todos los años por encima del PIB en ausencia de políticas de eficiencia energética. El boom inmobiliario y el transporte han sido el mejor ejemplo de ello y de sus consecuencias: una intensidad energética más elevada que la media europea por un modelo de negocio energético basado en incentivar el consumo y el derroche de combustibles fósiles en perjuicio de la competitividad.
Pero la crisis lo ha cambiado todo y desde 2008 la demanda energética ha bajado todos los años de la misma manera que el PIB; pero lejos de analizar el impacto de ambos fenómenos en el sistema energético, se han utilizado de la manera más complaciente posible para no abordar los malos ratios de España en dependencia energética, intensidad energética y emisiones de CO2, olvidando que la eficiencia energética es el instrumento más eficaz para mejorarlos.
El PNAEE 2014-2020 revisa a la baja las previsiones de crecimiento del PIB y calcula los indicadores de intensidad energética “a paridad de poder de compra” con el resto de países europeos y automáticamente nuestra intensidad energética mejora significativamente con respecto a los países de la Unión Europea, ya que con esta nueva metodología necesitamos un 16% menos de energía que la media para producir nuestros bienes y servicios cuando todas las estadísticas anteriores a la crisis decían justo lo contrario. La complacencia se lleva así hasta el extremo de que cambiando el cálculo de los indicadores se llega a la conclusión de que las mejoras en intensidad energética se deben a las medidas adoptadas y no a la recesión económica y a la mayor pobreza que la misma ha generado.
Al utilizar como único indicador el PIB, si éste crece aumenta la intensidad energética y si baja se ahorra energía. Al rebajar el Ministerio de Industria las previsiones de crecimiento del PIB en el PNAEE 2014-2020, el objetivo tendencial de ahorro se rebaja del 26% al 22% y se considera que “la fijación de unos objetivos adicionales derivados de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, podría suponer un freno a la recuperación económica y en cualquier caso, exige un esfuerzo adicional desproporcionado”. Pero como a la vez, los indicadores de intensidad energética se calculan en paridad de compra con el resto de países de la UE, los datos de intensidad energética de España mejoran, convirtiendo así la pérdida de convergencia de España con la UE en un éxito o ventaja competitiva.
La conclusión es clara, con una metodología más propia de la contabilidad creativa y sin analizar los impactos de la crisis económica en el sistema energético, el PNAEE 2014-2020 parte de una visión economicista de la eficiencia energética que la vincula directamente al PIB. Según el plan enviado a Bruselas, si queremos crecimiento económico hay que renunciar a la eficiencia energética y si ha mejorado nuestra intensidad energética se debe a que somos más pobres. En realidad solo se trata de un trucaje porque equiparar el poder de compra no nos hace más eficientes sino que es una prueba de que se niega cualquier valor al ahorro energético y un ejercicio de complacencia para justificar la inacción.
Tantas medidas como modelos en un baile de disfraces
En cuanto a las medidas que propone el PNAEE 2014-2020, como el objetivo final ya está alcanzado se dejan por desarrollar los principales artículos de la Directiva 2012/27/UE y, entre ellos, los objetivos adicionales del artículo 7 para reducir el 1,5% de la facturación anual por las ventas de energía a clientes finales. Se deja para un futuro desarrollo en 2015 el sistema de obligaciones y la creación del fondo nacional de eficiencia energética anunciado en el Consejo de Ministros del pasado 6 de junio. En cuanto a las medidas complementarias que contempla la directiva para incentivar fiscal y financieramente la eficiencia energética, el Ministerio de Industria destaca como más importante la Ley 15/2012 para internalizar los costes ambientales de la producción eléctrica a través de un impuesto a la generación eléctrica y a la producción y almacenamiento del combustible nuclear y los residuos nucleares.
La Ley 15/2012 de tasas es calificada como “Ley de estímulo para mejorar nuestros niveles de eficiencia energética”. Tal calificativo solo sería un acto de fe si no tuviéramos el informe de la “Comisión de expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español” que sobre esta ley afirma lo siguiente: “Como la finalidad de este impuesto es que la financiación del llamado déficit de tarifa recaiga sobre los productores de energía eléctrica, con independencia de que la fuente de producción sea más o menos contaminante, este tributo no corresponde a ningún criterio medioambiental sino que se configura como un instrumento meramente recaudatorio que terminará incidiendo sobre el consumidor final de energía eléctrica, por lo que debería plantearse su desaparición en un marco de impuestos que pretendan salvaguardar el medio ambiente”.
Como medidas del plan se citan también la nueva Ley 24/2013 del sector eléctrico y el RD 413/2014 de renovables como normas de apoyo a las energías renovables o el RD 216/2014 que establece el nuevo recibo de la luz por horas como ejemplo de participación de los consumidores en la eficiencia energética del sistema, cuando lo que persiguen es lo contrario: parar la producción renovable y garantizar con los peajes que los consumidores financien los costes del sistema. Quizá por eso no se hayan atrevido a citar las sucesivas órdenes de tarifas que incrementan el término fijo de potencia en el recibo de la luz, que constituyen una penalización al ahorro de energía y a su financiación, ni el decreto sobre autoconsumo que impide el acceso de los consumidores a poder actuar directamente sobre la demanda.
Otros artículos de la Directiva de eficiencia energética, como los que se refieren a contadores, eliminación de obstáculos a los servicios energéticos, supresión de incentivos al mayor consumo o de barreras regulatorias a la eficiencia energética se dejan para futuros decretos. La intención del PNAEE 2014-2020 resulta más un intento de desactivar la Directiva 2012/27/UE a través de una dudosa metodología sobre la que la Comisión Europea se deberá pronunciar y una reforma eléctrica que incumple manifiestamente las normas europeas de eficiencia energética.
La edificación y el transporte o el día de la marmota
Las medidas previstas para el sector de la edificación, 30% del consumo de energía final, tendrán que esperar a la Estrategia Española de Rehabilitación energética que debería haberse presentado en abril en cumplimiento del artículo 4 de la Directiva. No obstante se hacen múltiples referencias a las medidas de la época del ministro Sebastián, como el Plan AGE 330 de 2009, Plan 2000 ESE de 2010 o el PAEE-AGE de 2007 sin ninguna evaluación de su cumplimiento y a la normativa que el Ministerio de Fomento aprobó en 2013 como el RD 233 del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, RD 235 de certificación energética y la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Normas estas últimas que han puesto de manifiesto la necesidad que tiene más del 95% del parque de 10 millones de edificios de actuaciones de rehabilitación energética.
En el sector transporte, 40% del consumo de energía final, los datos que se dan son los mismos que se daban hace quince años: que el 80% es por carretera frente al 3% por ferrocarril y que a pesar de que la demanda energética ha bajado por la crisis, la intensidad energética del transporte en España es un 40% superior a la de la UE. Aquí las medidas se remiten a la Ley de Economía Sostenible de 2011, la Estrategia Española de Movilidad Sostenible de 2009 y los planes PIVE, PIMA y MOVELE a partir de 2012.
Los sectores de más consumo y potencial de ahorro, como la edificación y el transporte, requerirían otro tratamiento por lo que representan de nuevas oportunidades de negocio, actividad y empleo. Son los más perjudicados por la propia concepción del PNAEE 2014-2020 como un plan que nace con los objetivos ya cumplidos. Subyace el mismo criterio de la reforma eléctrica, donde la eficiencia energética ha desaparecido por completo de la política energética. Este hecho ha quedado confirmado en el último Consejo de Energía de la UE celebrado el pasado 13 de junio donde mientras países como Alemania, Francia y Reino Unido han subrayado la necesidad de destacar el papel de la eficiencia energética para conseguir los objetivos de Clima y Energía, España solo se ha interesado por las interconexiones de gas y electricidad con Francia y de gas con el Norte de África.
El hecho de que España, aun sin crecimiento del PIB, haya aumentado sus emisiones de CO2 y la factura de las importaciones de gas y petróleo hace más grave la desconsideración que se hace a la eficiencia energética desde el inicio de la crisis como factor de creación de nuevas especializaciones productivas y empleo y, en definitiva, como factor de reactivación de la economía. Mientras no se adopten planes concretos de ahorro masivo en el consumo de gas y petróleo, la energía seguirá siendo un problema permanente para el país.
