El 25 de octubre de 2012 la UE aprobaba una nueva directiva –Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Con- sejo relativa a la Eficiencia Ener- gética (DEE)– que busca crear un renovado marco común para el fomento de la eficien- cia energética dentro de la Unión. Para ello establece acciones concretas encaminadas a conseguir el objetivo fijado en el Paquete Energía y Clima de 2007 de una reducción de un 20% de la intensidad energética en el año 2020 en el conjunto de los Estados Miembros. Aunque el Gobierno de España votó en contra de la directiva con el argu- mento de que un mayor esfuerzo en eficien- cia energética sería una penalización a la economía española y retrasaría la reactiva- ción del sector de la construcción, está obligado a cumplirla.
La DEE establece objetivos de ahorro acumulado para el periodo 2014–2020 por encima de los contemplados en España en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012, el primer intento serio realizado en nuestro país para reducir el malgasto de energía, así como en el PNAEE 2011-2020, en el que el Ejecutivo argumentaba que España había alcanzado en 2010 los objetivos de ahorro de energía que la Unión Europea había establecido pa- ra 2016. Por el contrario, estimaba el im- pacto socioeconómico del cumplimiento del objetivo europeo de ahorro para 2020 en una gran expansión del sector de los ser- vicios energéticos hasta triplicar su factura- ción actual y en la creación de 500.000 nue- vos empleos.
En el nuevo PNAEE, Industria vuelve a la carga y considera que los objetivos de la directiva DEE “imponen una carga desproporcionada” a países como el nuestro, que se verá obligado a tener que reducir su con- sumo un 26,4% en 2020, “muy por encima –asegura– de lo previsto para el conjunto de la Unión”. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), autor de la redacción del plan, explica que se nos exi- ge, en concreto, una reducción del 25,3% respecto al tendencial, mientras que la me- dia de la UE se queda en un 16,5%
Argumenta este departamento ministerial que la crisis económica ha producido ya una importante disminución del consumo de energía primaria en España, situándose por debajo de los objetivos que se fijaron para 2020. Por ello, la fijación de unos ob- jetivos de ahorro adicionales derivados de la nueva directiva “podriá suponer un freno a la recuperación económica”, dice el Idae. El instituto critica asimismo que bajo la nueva Directiva únicamente compu- ten los ahorros producidos a cor- to plazo en la edificación, sector que –en eso coincide con Bruselas– “tiene un enorme potencial de ahorro energético, con retornos muy positivos a medio y largo plazo”. Industria asegura que, en cualquier caso, “Espanã está plenamente comprometida con el cumplimiento de los objetivos de mejora de la eficiencia energética que impone la Directiva y asegura que el PNAEE 2014- 2020 se configura como una herramienta central de la política energética espanola. Lo cual no ha impedido que fuera remitido a Bruselas con cierta nocturnidad y alevosía. De hecho, el documento no ha sido presen- tado oficialmente, ni siquiera ha sido colga- do en la página web del Idae. La única referencia realizada en público al PNAEE 2014-2020 se hizo en Genera (6-8 mayo, Madrid)), durante una jornada organizada por las asociaciones A3e, AMI y ADHAC sobre la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética. En ella, Víctor Valverde, de la Dirección General de Planificación Energética y Seguimiento del Ministerio de Industria Energía y Turismo, aseguró que el proceso de transposición de la Directiva es- tá bastante avanzado, informando de que el pasado 14 de abril se había presentando a la Comisión este plan, que afecta a Edificación, Industria, Transporte, Servicios Públicos y Agricultura.
¿Metas logradas?
Con su envío a Bruselas España cumple la exigencia de que todos los Estados miembros de la UE hayan presentado estos planes, el primero de ellos a más tardar el 30 de abril de 2014 y, a continuación , cada tres años. Los Estados miembros están obligados también a informar anualmente de los progresos alcanzados en relación con los objetivos nacionales de eficiencia energética, con la fecha límite del 30 de abril de cada ano. En este sentido, el PNAEE 2014-2020 incluye como documento anexo la Estrategia Española para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación, que el Ministerio de Fomento tiene ultimada y que debería haberse publicado y remitido a Bruselas el 30 de abril de 2014.
Estructurado en cuatro capítulos, el primero es introductorio, en el segundo se presenta, de forma resumida, la información estadística sobre los consumos de energía en España en 2012, el tercero se centra en los logros ya conseguidos y el cuarto repasa lo que queda por hacer. De todos ellos, el más cuestionable, por lo interpretativo que resulta, es sin duda el tercero.
Dentro de este capítulo, Industria presenta el objetivo orientativo establecido por España y analiza la coherencia de dicho objetivo con el de la UE en su conjunto, cuan- tificado en la Directiva en un nivel de con- sumo de energía primaria de 1.474 Mtep en 2020 o de 1.078 Mtep, en términos de energía final. Pues bien, de acuerdo con el Ejecutivo español, España ya ha cumplido con ese objetivo en 2013. Así, Industria se- ñala que los consumos de energía final en 2012 se redujeron un 4%, lo que se tradujo en una reducción de la intensidad final del 2,5% en dicho anõ . En cuanto a la electricidad, su consumo cayó un 1,3% y la aporta- ción de energías renovables aumentó en un 7,9%. Las energías renovables, añade In- dustria, permitían cubrir ya en 2012 un 7,6% de los consumos finales de energía, lo que contrasta con el 4,4% del anõ 2007.
¿Significa esto que España ha logrado ya utilizar menos energía que el resto de la los países comunitarios para producir un mismo bien? ¿O qué no debería esforzarse más? “El valor del indicador de intensidad primaria en España en 2011 representa un 83,9% del valor del indicador en la Unión Europea, lo que significa que España requiere una cantidad de energía inferior en más de un 16% a la que se requiere en promedio en la Unión Europea-27 para generar un euro de valor añadido (o producción)”, se asegura en el PNAEE 2014-2020. “De manera análoga, el indicador de intensidad final en España representa un 86,8% en 2011 del valor del indicador en la Unión Europea”. Y añade: “mientras que la UE-27 ha reducido su intensidad en un 1,5% interanual desde 2005, Espanña ha reducido la intensidad en un 2,7% interanual”. Queda la duda de qué parte responde al esfuerzo realizado en eficiencia energética y qué parte corresponde al efecto de la recesión económica.
El diagnóstico que hace el experto en Energía Javier García Breva es que “aún aceptando el escenario que propone el Ministerio y teniendo en cuenta que el consumo de energía ha retrocedido a niveles del siglo pasado, la conclusión debería ser la contraria: que con objetivos más ambiciosos de eficiencia energética se reducirán los costes energéticos a empresas y hogares y evitará importaciones energéticas, máxime cuando la eficiencia energética puede representar un motor para la recuperación económica por su impacto en el desarrollo de la industria y la creación de nuevos empleos. Mantener los objetivos para 2020 porque llevamos seis años de adelanto es una autocomplacencia que solo invita a que todo siga como está.”
Respecto a las medidas que ya se han puesto en marcha para lograr ese objetivo de reducir en un 20% la intensidad energética para 2020, el Ejecutivo destaca las implementadas, con apoyo público, en los sectores difusos de la edificación y el transporte. Entre ellas, el programa de incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE), cuya quinta convocatoria se está ejecutando, con una dotación de 175 M€; el programa de ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes del sector residencial de uso vivienda y hotelero (PAREER), dotado con 125 M€; un plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA Aire, con 38 M€,para la adquisición de vehículos comerciales; el plan PIMA Sol para la rehabilitación energética de instalaciones hoteleras; o el plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbanas 2013-2016. Otras iniciativas que señala son la ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en vigor desde enero de 2013, y una “amplia campana de comunicación nacional sobre ahorro y eficiencia energética”.
Nuevas obligaciones
El objetivo acumulado de ahorro para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 es de 15.979 ktep, lo que equivale a 571 ktep/anõ . Con el fin de cumplir este compromiso, el capítulo cuarto del PNAEE 2014-2020 establece que España adoptará un sistema de obligaciones de eficiencia energética, que “se aplicará con base en un sistema estandarizado de certificados de ahorro energético negociables, suficientemente flexible y sencillo como para que la carga administrativa no sea elevada ni para las partes obligadas en el mismo ni para el organismo gestor, el cual se espera esté plenamente operativo en 2015”.
Conseguir este objetivo requiere importantes inversiones, tanto públicas como privadas, para la renovación de equipos y procesos en el sector industrial; de calefacción , climatización e iluminación en el sector de la edificación (residencial o de uso terciario) o de renovación de la envolvente edificatoria; y medidas de uso más eficiente de los medios de transporte. También exige la adopción de mecanismos e instrumentos financieros, fiscalidad, reglamentaciones o acuerdos voluntarios, estándares y normas, sistemas de etiquetado energético, formación y campanas de informacioń . Algunas de estas actuaciones ya están en marcha, asegura el Idae en el documento.
Este sistema de obligaciones de eficiencia energética afectará a los comercializadores de electricidad, gas y productos petroliíferos, incluido el transporte. Las obligaciones se fijarán anualmente, distribuyéndose el objetivo global linealmente a lo largo de los siete años de compromiso. Se harán teniendo en cuenta las cuotas de mercado de cada comercializadora y se fijarán en términos de energía final. El Idae será el organismo encargado de certificar la veracidad de que se han cumplido las obligaciones y de emitir los correspondientes certificados energéticos, que serán negociables. El instituto también tendrá potestades de inspección y supervisión para asegurar la correcta ejecución de las actuaciones de ahorro y eficiencia energética. Además, como respaldo del sistema de obligaciones, se creará un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de conformidad con el artículo 20 de la Directiva 2012/27/UE. Las partes obligadas podrán optar por cumplir con las obligaciones que les correspondan mediante la con- tribución económica equivalente a este fondo.
Con todas las medidas señaladas se da respuesta a muchos de los planteamientos de la Directiva de Eficiencia Energética, pero queda todavía por transponer al ordenamiento jurídico español el artículo 8 de la Directiva, relativo a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia energética y contabilización de consumos energéticos. Se hará a través de un real decreto –a punto de ser aprobado, según Industria– en el que se establece que las grandes empresas (más de 250 empleados y un volumen de nego- cio superior a los 50M€) deben someterse a una auditoría energética a más tardar el 5 de diciembre de 2015, y como mínimo cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior. El Idae estima que a estas auditorías estarán obligadas 3.782 empresas.
Respecto a la contabilización de los consumos energéticos, este RD establece que, en los edificios que cuenten con una instalación centralizada de calefacción , refrigeración o agua caliente sanitaria que de servicio a más de un usuario o en aquellos que estén abastecidos por una red de calefacción urbana que de servicio a varios edificios, se deberán instalar contadores de consumo individuales que midan el consumo de calor, refrigeración o agua caliente de cada vivienda o cliente final. En cuanto a electricidad, la norma dice que antes del 31 de diciembre de 2018 deberán haberse sustituido los contadores eléctricos por nuevos equipos que permitan la discriminación horaria y la telegestión (los famosos contadores inteligentes).
Una transposición descafeinada
La asociación A3e, en una nota de prensa del 13 de mayo pasado, calificaba este proyecto de decreto como una transposición “descafeinada” al permitir que las auditorías se puedan realizar por el propio personal de las empresas y que se puedan sustituir por certificaciones energéticas de edificios, con lo que se rebaja su calidad y su efecto en los ahorros de energía.
“En estos momentos solo se puede hablar de una transposición incompleta ya que artículos tan importantes como los dedicados a los contadores, a la supresión de incentivos en las tarifas que menoscaben la eficiencia energética, a la limitación del abuso de posición dominante de las distribuidoras y la supresión de las barreras administrativas que se opongan a la eficiencia energética ya no se van a transponer en el plazo del 5 de junio”, señala Javier García Breva.
No obstante, G.Breva considera que “el mayor obstáculo al cumplimiento de la directiva viene impuesto por la reforma eléctrica pues la financiación que se prevé para las inversiones en eficiencia energética se basa en los contratos de servicios energéticos a través de los ahorros en el recibo de la luz”. El problema es que “al haber subido el término fijo de potencia y rebajado la parte del recibo que mide el consumo de energía, la financiación de las inversiones se hace inviable”.
El experto considera que este puede ser un aspecto crucial para el cumplimiento de la estrategia de rehabilitación energética de todo el parque de edificios, que supone más del 50% de los objetivos de la directica, y que debido al enorme potencial de ahorro energético del sector de la edificación constituye para España la principal política de creación de empleo.
El artículo completo se puede leer en ER132 (junio de 2014).
