La patronal valenciana de la energía reunió el viernes pasado a una veintena de asociados, representantes de los sectores eólico, fotovoltaico, de la cogeneración, ingenierías o constructoras, y recogió su valoración de la propuesta de orden ministerial del gobierno, una valoración que fue unánimemente "negativa". Según Avaesen, varios de los actores presentes plantearon la posibilidad de emprender acciones legales para tratar de paralizar esta orden ministerial, por lo que la asociación ha puesto sus servicios jurídicos "a disposición de sus asociados y está estudiando el posible perjuicio colectivo e individual para plantear acciones". De momento, en todo caso, Avaesen anuncia que, "en el corto plazo, se van a formalizar las alegaciones que la legislación permite" (la orden ministerial sólo daba 20 días para formular alegaciones). Avaesen planteará esas alegaciones "de forma individual o con otras asociaciones del sector".
La mitad de los parques eólicos
Sobre la orden en cuestión, el presidente de la asociación valenciana, Marcos J. Lacruz, ha dicho que la nueva regulación "afecta de forma muy distinta a cada tecnología". En el caso de la energía eólica -ha concretado- "los parques anteriores a 2004 se quedan sin primas, lo que supondrá un descenso del 50% de su facturación, con el perjuicio económico y la posibilidad de que algunas instalaciones no sean viables". En el caso de la energía solar fotovoltaica , Lacruz ha apuntado que "el impacto es distinto según el año de puesta en funcionamiento de cada instalación", pero, tal y como nos temíamos -ha añadido el presidente de la patronal-, la orden de Industria -que presuntamente quiere fijar la "rentabilidad razonable" de todas las instalaciones en el mencionado 7,5%- "desprecia la realidad de los costes de los propietarios".
Ni el principal de la deuda
Ello supondrá -según Avaesen- que "muchos pequeños inversores que apostaron por esta energía en 2007 y 2008 se encontrarán con que no van a poder devolver a los bancos ni el principal de la deuda, ni refinanciar la misma". Y no podrán refinanciar porque, según ha explicado Lacruz, "el horizonte legislativo es para tres años, a 2016, por lo que ningún banco querrá refinanciar una deuda con esos plazos sin saber lo que pasará a partir de ese año; el Ministerio de Industria ha demostrado muy poca sensibilidad con pequeños inversores que están respondiendo con sus bienes personales". En el caso de la cogeneración, Avaesen señala que algunas plantas ya "se plantean el cierre", lo que, según Lacruz, conllevará efectos en cascada "sobre la industria a la que le sirven la energía, pues sus costes aumentarán y su competitividad se verá de nuevo mermada".
