Los Gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia y Portugal han pedido a la Comisión Europea aumentar los objetivos de renovables de 2030 para dar seguridad a las inversiones, reducir las importaciones de combustibles fósiles, reforzar la competitividad europea y promover el empleo. Esta petición se produce en pleno debate sobre los nuevos objetivos para 2030 y una creciente preocupación por la seguridad de suministro en Europa, gravemente amenazada por su creciente dependencia de las importaciones energéticas. El Parlamento Europeo acaba de dar un paso más y ha aprobado los nuevos objetivos de reducción de un 40% de las emisiones de CO2, un 30% de generación renovable y un 40% de ahorro de energía para 2030. Si los nuevos objetivos son importantes, más lo es el hecho de que se considere que los tres son complementarios y que la reducción de emisiones no es posible sin renovables ni eficiencia energética.
España ha decidido apearse de este liderazgo europeo y renunciar a cualquier liderazgo en el futuro. Mientras en Europa se considera, con visión estratégica, que las políticas de eliminación de CO2, de más renovables y eficiencia energética son imprescindibles para una recuperación de la economía, el Gobierno español sigue empeñado en mantener las energías fósiles, que hay que importar del exterior con un coste superior al 4,5% de la renta nacional, y poner todas las barreras posibles a las renovables y al ahorro de energía como la mejor alternativa para una economía moderna.
La Comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, ha definido con claridad la vinculación de los nuevos objetivos de energía para 2030 con la superación de la crisis económica. Y parte de un dato esclarecedor como son los 545.900 M€ que han costado las importaciones europeas de gas, carbón y petróleo en 2012, por lo que se pregunta: “¿No convendría reducir este tipo de factura ahorrando energía y produciéndola aquí en Europa?”
La situación de España es más grave ya que nuestro diferencial de dependencia energética es 30 puntos superior a la media europea y el de intensidad un 20%. Se da la paradoja de que nuestros mayores déficits de importaciones energéticas, intensidad energética y emisiones no han mejorado a pesar del crecimiento negativo de la economía y la baja demanda energética por la crisis. Atacar, impedir o crear todo tipo de inseguridad jurídica a las inversiones en renovables y eficiencia no solo supone ir a contracorriente de las prioridades energéticas europeas sino renunciar a uno de los instrumentos más eficaces para la recuperación económica e industrial y la creación de empleo.
Una combinación de mayores objetivos de renovables y reducción de CO2 hará descender las importaciones de combustibles fósiles en Europa hasta un 19%. Recientemente APPA, en su informe sobre el impacto macroeconómico de las renovables en España, daba el dato de que las renovables en 2012 han ahorrado 13,5 millones de toneladas equivalentes de petróleo y 36,7 millones de toneladas de CO2. Eso se llama competitividad. Sin ninguna duda, las políticas de lucha contra el cambio climático tienen mucho que ver con la salida de la crisis, el empleo y el desarrollo industrial regional y local.
La crisis del sector eléctrico está directamente relacionada con la crisis económica. Dentro de la crisis financiera se ha originado la crisis energética por un predominio de la economía especulativa sobre la productiva. Desde las primeras privatizaciones de los años 80 y las que siguieron en los 90, la inversión más importante del sector energético español han sido las operaciones corporativas de compra venta de activos energéticos que han pasado en su mayoría a propietarios extranjeros. Todo el sistema eléctrico se ha diseñado para preservar su rating en los mercados, cada vez más alejado de la economía real del país. El resultado ha sido un inmovilismo regulatorio que ha estallado con las subastas que determinan el precio de la luz pero que tienen su origen en la metodología de conformación de los precios de la energía en el mercado mayorista que garantiza el precio más alto que fijan el carbón y el gas.
Después de una reforma en la que estos mecanismos no se han tocado, ahora todo el mundo dice que hay que cambiarlos por ser mecanismos especulativos y cuando la opinión pública ha visto cómo las renovables reducen el precio mayorista de la energía se pretende expulsarlas del mercado. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo peor es que ese inmovilismo eléctrico supone un castigo inasumible para el consumidor y una barrera para la recuperación económica. Alejarnos de las prioridades energéticas de Europa para preservar un modelo energético especulativo es un gravísimo error.
