Así lo cree Javier García Breva, experto en políticas energéticas y presidente de la Coalición para un Nuevo Modelo Energético (N2E), quien se muestra convencido de que “desde las competencias autonómica y municipal se pueden mover muchos resortes para romper las barreras de la reforma eléctrica”. Y es que a ambas administraciones podría resultarles beneficioso actuar así: “ El sector inmobiliario y el de la construcción están cambiando rápidamente su percepción de la energía, que se ha convertido en factor de competitividad y revalorización de patrimonio”, explica García Breva.
Cote Romero, de la empresa social ecooo y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético pronostica, además, escasa duración a la nueva ley (Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico). “Desde la Plataforma hemos instado a los partidos políticos de la oposición para que cuando cambie el signo político en las próximas elecciones y tengan responsabilidades de gobierno, deroguen tan nefasta normativa e impulsen medidas de ahorro y eficiencia energética, entre las cuales se encuentra el fomento y desarrollo de la autoproducción”.
Ni siquiera lo regula
En realidad, la nueva normativa ni siquiera regula la autoproducción con balance neto, Algo “absolutamente imprescindible para hacer posible la generación distribuida entre los hogares”, destaca Romero. Como es sabido, esta modalidad permite compensar saldos energéticos con la red eléctrica; es decir, los excedentes de energía que no se han consumido de una manera instantánea se vierten a la red y se adquiere el derecho de hacer un uso diferido de esa energía en las horas en que la propia instalación no está produciendo. “Muchos países han regulado la autoproducción con este tipo de balance, pero aquí, que tenemos más sol que en muchos de ellos, ni siquiera se contempla”, añade.
Esto es especialmente importante en el caso de la solar fotovoltaica, una tecnología que se ha hecho accesible económicamente a los consumidores gracias al precio de los equipos, su sencillez técnica y su modularidad. Los paneles solares producen electricidad por el día y, por tanto, su generación no coincide con las horas de mayor demanda en los hogares, que son las primeras horas de la mañana y desde la caída de la tarde hasta la medianoche. “El balance neto nos ahorra el coste económico y medioambiental de instalar baterías y no supone ningún sobrecoste al sistema”, afirma la experta de ecooo. Pero el Gobierno no lo ve así.
De hecho, se ha inventado un peaje que no existe en ningún otro lugar del mundo, que obliga al autoproductor a pagar incluso por la electricidad que consume instantáneamente. Es el llamado peaje de respaldo, una tasa que habría que abonar a la compañía eléctrica por cada kWh generado y autoconsumido en el momento.
“Se trata de un auténtico impuesto al sol”, señala José Donoso, director general de UNEF (Unión Española Fotovoltaica). “Es una medida injusta y absurda. Es como pretender cobrar un impuesto extra a aquellos que tengan chimenea en casa porque ahorran en calefacción y eso no se puede permitir”.
De acuerdo con el director de la asociación solar, “este impuesto implica que un autoconsumidor pague entre un 5 y un 9% más de peajes que un consumidor tradicional que no ahorre en su factura con una instalación de autoconsumo. Esto, en la práctica, supone doblar la cantidad de años necesarios para recuperar la inversión que antes de la reforma”. En el caso de un consumidor doméstico con tarifa TUR (la más habitual), este impuesto hace que “los 12 años que tardaba de media en recuperar su inversión pasen ahora a 35 años, más de los que tienen las placas de vida media”, destaca Donoso. “Para otras tarifas de consumo, como por ejemplo las de un pequeño comercio o un regadío (3.0, 3.1), el periodo de recuperación de la inversión pasa de los casi 8 años en los que estaba, a en torno a los 13”.
¡Qué viene el inspector!
Parece evidente que la única finalidad de la nueva ley es desincentivar económicamente el desarrollo de estas instalaciones. Y para dejarlo todo atado y bien atado, obliga a las instalaciones a que se legalicen en un breve plazo. El incumplimiento de este requisito es calificado como falta muy grave, con multas absolutamente desproporcionadas, de hasta 60 millones de euros. “Estas multas doblan la sanción por verter tóxicos radioactivos y no avisar de ello”, destaca el director de UNEF. La norma también habilita a los funcionarios del Ministerio de Industria (debidamente autorizados por el director general correspondiente) a acceder a las viviendas con instalaciones FV sin necesidad de orden judicial.
“Se trata de imponer la retroactividad al autoconsumo fotovoltaico de manera injusta, desproporcionada y discriminatoria y, de paso asustar, para que a nadie se le ocurra ahorrar electricidad con autoconsumo. ¿Por qué no se impone la misma medida a todas las instalaciones de carbón, gas o petróleo?”, se pregunta García Breva. “El Gobierno aplica aquí el principio de culpabilidad de las renovables para ocultar la única intención de la reforma, que es la de recaudar los ingresos que las eléctricas necesitan incentivando el mayor consumo e impidiendo con fuertes sanciones el ahorro de electricidad mediante el autoconsumo. La reforma ignora los principios constitucionales de garantizar la seguridad jurídica y los derechos de los consumidores”.
García Breva señala otro aspecto de gran trascendencia: la normativa incumple las directivas europeas de eficiencia energética y de edificios, que tienen por finalidad facilitar al consumidor final la reducción de sus costes energéticos. “Cuando el Gobierno votó en contra de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética ya expresó su intención de no aplicarla porque decía que penalizaba la economía española, que ya había cumplido sus objetivos de eficiencia energética hasta 2016”, apunta este experto. “El autoconsumo es ahorro de energía y nuestro modelo eléctrico se basa en facturar cada vez más al consumidor final y no en reducir la factura de la luz. Es evidente que la salida de la crisis implica una cambio profundo del modelo eléctrico”, puntualiza.
Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para rechazar la Directiva de eficiencia energética fue que perjudicaría la reactivación del sector de la construcción en España. En realidad, es todo lo contrario. García Breva recuerda que dicha Directiva ha dado lugar a la Ley 8/2013 de rehabilitación, a la actualización del Código Técnico de la Edificación y a la Certificación energética de edificios, que tienen en el autoconsumo su hilo conductor. De ahí que los sectores inmobiliarios y de la construcción estén cambiando su percepción de la energía y entiendan que ésta es “un factor de competitividad y revalorización del patrimonio”, como señalaba el presidente de N2E una líneas más arriba.
Cote Romero apunta otro aspecto clave: “En el actual contexto de pobreza energética es irracional que el gobierno, una vez más, cargue principalmente los costes del sistema al consumidor doméstico mientras le pone trabas para implementar medidas de ahorro. Por todo ello, esta regulación no es sólo kafkiana, sino que además es inmoral. Y sólo para no poner en riesgo los beneficios de un puñado de multinacionales”.
El poder de los ciudadanos
Donoso está convencido de que esta ley supone la destrucción del autoconsumo y, con ella, del desarrollo natural del sector fotovoltaico en nuestro país. La responsable de ecooo es algo menos pesimista. La propuesta de esta empresa social es, pese a todas las trabas impuestas, seguir barajando la posibilidad de realizar una instalación propia: “Que la gente solicite estudios personalizados y gratuitos a las empresas instaladoras, porque los ahorros dependen mucho de los hábitos y horarios de consumo”.
Otra de sus recomendaciones es “utilizar todas las herramientas posibles para hacer política desde la ciudadanía, ya que no podemos quedarnos cruzados de brazos hasta dentro de dos años” (cuando se celebren las próximas elecciones generales). “Desde la economía social utilizamos el consumo responsable como herramienta de transformación, porque nuestras decisiones de consumo sumadas tienen gran capacidad transformadora. Todos nosotros con pequeñas decisiones podemos ser agentes de cambio”.
En este contexto se integra DeSOLbediencia, una iniciativa impulsada por la Plataforma, que anima a los ciudadanos a hacer visible su descontento. Una forma sencilla de hacerlo es luciendo chapas y pegatinas o colgando carteles en balcones y terrazas. Un paso más es dejar la compañía eléctrica convencional y pasarse a una cooperativa de energía verde. DeSOLbediencia también propone la desobediencia civil pacífica, a través de la instalación de kits de autoconsumo en la vivienda sin registrarlos ante la Administración. Ahora bien los promotores de la iniciativa son los primeros en advertir que se trata de un paso serio ya que, según la nueva legislación, incluso con una instalación muy pequeña serían de aplicación todos los requisitos administrativos y peajes económicos con los que se penaliza el autoconsumo.
Otro opción –esta sin riesgos– es participar en proyectos colectivos de renovables que vierten la totalidad de la generación a la red. “Es una vía accesible económicamente y permite compensar nuestra huella de CO2, ya que cada kW limpio que penetra en el sistema expulsa automáticamente la generación de otro kW obtenido quemando gas o carbón”, señala Cote Romero.
Aún podemos hacer más. Por ejemplo, sumarnos a los movimientos ciudadanos que están empujando hacia el necesario cambio de paradigma en el ámbito de la energía. Dado que quienes nos gobiernan y las grandes corporaciones han demostrado que no tienen voluntad de realizar el cambio a tiempo, “es fundamental que los ciudadanos empujemos en la buena dirección”, coinciden en señalar Javier G. Breva y Cote Romero.
También lo cree así José Donoso: “El viento de la historia no se puede parar. El autoconsumo con balance neto es una tendencia mundial que terminará instaurándose en nuestro país. Al gobierno llegarán políticos con mayor sentido del interés común que harán una regulación más razonable”.
