El proyecto establece que, durante los meses de noviembre a marzo, las unidades familiares que acrediten una "situación de vulnerabilidad económica" estarán protegidas del corte de suministro de los servicios de electricidad y de gas. Según el gabinete de Presidencia del Govern catalán, el contenido de este decreto ley estaba incluido en los presupuestos generales de Cataluña 2014, presupuestos cuyo trámite parlamentario ha quedado interrumpido por la solicitud del Partido Popular de un informe al Consell de Garanties Estatutàries (el PP de Cataluña ha solicitado ese informe a la vista de la inclusión en esos presupuestos de una partida cinco millones de euros con destino a la consulta soberanista). De ahí -explica el Govern-, que haya sido empleada la figura del decreto ley para sacar adelante esta medida: "con la aprobación urgente de esta modificación del Código de Consumo, el Govern catalán evita que el bloqueo del Partido Popular a los presupuestos atrase la entrada en vigor de esta medida y responde rápidamente a las necesitades de las personas en situación de vulnerabilidad económica".
Vulnerabilidad económica
El texto define como beneficiarios de esta medida a las personas en "situación de vulnerabilidad económica", es decir, "a aquellas que forman parte de una unidad familiar que dispone de un nivel de ingresos igual o inferior al indicador de Renta de Supervivencia -al cual se ha de añadir un 30% a partir del tercer miembro- que no tienen posibilidad de reducir su consumo de bienes y servicios, y que acrediten tener contratados los suministros energéticos en la modalidad de tarifas sociales". Estas personas -ha explicado Presidencia-, "una vez hayan recibido un aviso de interrupción del suministro de electricidad o gas, habrán de presentar en un plazo máximo de dos días un informe de los servicios sociales básicos que acredite el cumplimiento de estos requisitos, o la copia de su solicitud; una vez acreditada su situación, las empresas suministradoras suspenderán el proceso de interrupción de los servicios energéticos entre los meses de noviembre y marzo". La deuda que se pueda acumular -concluye la nota de Presidencia- se satisfará "en las condiciones que acuerden los usuarios y las empresas suministradoras, y se podrá satisfacer entre los meses de abril y octubre siguientes".
Descenso de los ingresos
Por último -concluye Presidencia del Govern-, el texto "también determina los mecanismos de intercambio de información entre empresas suministradoras, administraciones, entidades sociales y usuarios sobre tarifas sociales, ayudas y medidas para hacer frente a la pobreza energética". Iberdrola declaró el año pasado 588.120 "cortes de electricidad residenciales por falta de pago"; Endesa, 524.814. La Asociación de Ciencias Ambientales calcula que la tasa de pobreza energética ha pasado del 5,9% en 2008 al 10% en 2010 y estima que en 2012 pudo alcanzar, incluso, al 15% de la población. Por otro lado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, entre el año 2008 y el año 2012, "la renta anual neta media por hogar, persona y unidad de consumo" descendió casi un 10%. Y es que, si esa renta se hallaba en 2008 en los 25.556 euros, el año pasado se quedó en los 23.123. Por fin, y según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (el dato fue publicado la semana pasada), el precio neto de la electricidad para uso doméstico subió un 40% entre el segundo semestre de 2008 y el segundo semestre de 2012, con tasas de variación interanual de hasta el 15,1%, muy por encima, pues, del 11% salido de la última subasta. Más aún: ese 40% de subida que recoge el Minetur no computa los impuestos.
