Otro aspecto que considera muy negativo es retribuir en función de la potencia y no de la energía. “Esto claramente supone penalizar a la eficiencia”, asegura. Para Greenpeace, “el sistema de apoyo mediante primas a la energía efectivamente inyectada en la red es el más eficiente; es decir, es el que proporciona más energía de origen renovable por euro invertido, como ha reconocido la Comisión Europea al analizar comparativamente los sistemas de los distintos países”. En opinión de la ong,“sustituir este sistema por uno basado en la potencia penaliza la eficiencia y beneficia a las plantas más ineficientes. El resultado que se busca, aunque no se diga, es reducir la energía de origen renovable que entra en la red, no reducir costes al sistema, ya que esa energía desplaza energía no renovable que no se ha de producir”.
La complicación y ambigüedad que introduce el artículo 6 (apartado 2) en cuanto a la prioridad de acceso a la red para renovables y cogeneración de alta eficiencia es otro aspecto que Greenpeace considera inadmisible. Además de que “puede llevar a España a incumplir la normativa europea (CE/2009/28), la nueva redacción “deja la posibilidad de que esta obligación sea modificada por el Gobierno”, señala. “Se ha cambiado a peor”, puntualiza.
Greenpeace critica, además, que de nuevo solo dispongan de diez días para presentar las alegaciones: “es inaceptable disponer de solo diez días para alegar a una normativa de esta naturaleza e importancia, en la que se pretende legislar sobre el futuro del desarrollo de las energías renovables en España”. La organización ecologista reitera que, con ello, “se está evitando cualquier posibilidad de participación y discusión por parte de la sociedad civil”. Y añade: “esta falta de transparencia supone una barrera antidemocrática que hará que todo el paquete normativo incluida la ley que lo sustenta carecerá de la mínima legitimidad necesaria”.
Greenpeace, que actúa como representante de las organizaciones de defensa ambiental en el Consejo Consultivo de Electricidad, pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que dictamine negativamente. sobre este Real Decreto, que se encuentra en estos momentos en tramitación en el Senado.
