Atrapadas por las consecuencias financieras de las normas retroactivas aprobadas por el Gobierno, Anpier indica que estas 55.000 familias adeudan 18.000 millones a la banca y con los hogares familiares como garantía, al contar con la supuesta garantía del Estado.
Para la asociación, el “supuesto” retorno de la inversión del 7,5% para estas instalaciones que contempla el gobierno, teniendo en cuenta toda la vida regulatoria, es una medida “claramente retroactiva”. Anpier explica que “una previsible valoración a la baja del precio y los costes de las plantas, junto con la exclusión de los costes de financiación, supondrá el resultado negativo de todos los ejercicios de dichas instalaciones y la ejecución por parte del banco de las garantías, los hogares de las 55.000 familias inversoras en el 80% de los casos”. Tal y como había previsto la propia Comisión Nacional de la Energía en su dictamen sobre la norma, añade.
Con respecto al cálculo de la inversión que hicieron los productores en su día para asignar la “supuesta” rentabilidad razonable, Anpier considera que “estimar lo perfectamente medible y verificable es una medida absolutamente arbitraria e injusta”, y asegura que las 55.000 familias afectadas, que todavía conservan sus facturas, adeudan un total de 18.000 millones a la banca para el pago de estos importes.
Situación límite
Anpier ha entregado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las facturas originales de 2.000 instalaciones fotovoltaicas, más del 5% del parque nacional, para que la Administración pueda conocer, con absoluta fidelidad, el coste real que supusieron dichas inversiones.
De esta información “se han derivado datos absolutamente preocupantes”, según la asociación: “el 94% de las instalaciones tienen que soportar costes financieros, la mayor parte con tipos de interés superiores al 5%, puesto que tuvieron que refinanciarse para soportar los recortes anteriores, unos costes financieros que el Ministerio se niega a contemplar y que hacen inviables las instalaciones”.
Sin embargo, “en manos de la banca carecerían de valor a los pocos días, puesto que sin seguridad y mantenimiento estos parques quedarían mermados de manera irreversible, lo que los convierte en activos extremadamente tóxicos para la banca”. Volver a renegociar ahora un crédito implica, de acuerdo con Anpier, “pagar intereses del 9% y 10% y, por consiguiente, la quiebra de más del 80% de los parques y las familias”.
Anpier había solicitado la reunión precisamente para pedir al Gobernador del Banco de España que inste al Gobierno a contemplar los costes financieros de las instalaciones a la hora de estimar su mantenimiento.. “De otra manera, la supuesta rentabilidad razonable sería absolutamente ficticia”, matiza.
Otro de los objetivos que quería plantear Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la asociación, a Luis Linde, es que “se promuevan unas líneas de financiación bonificadas que impidan la quiebra masiva de las familias atrapadas por la retroactividad de las normas que regulan el sector renovable”.
