Los protagonistas de estas historias reales, todos ellos pequeños inversores, detallan, en relatos ejecutados en primera persona, cómo y por qué decidieron invertir sus ahorros en la generación de energía limpia. El denominador común -explica Anpier- fue "la convicción de realizar una inversión ética y responsable con la seguridad que les aportaba el hecho de que esa inversión estuviera garantizada por el Estado a través de un BOE". Así, por ejemplo, Anpier ha recogido la historia de Ángel Miralda Ferré, "barcelonés de 65 años, que dedicó su prejubilación e hipotecó su casa para poder tener una renta y que ahora se encuentra en precario, dedicando parte de su jubilación a la planta fotovoltaica y con riesgo de perder su vivienda".
La ruina del pequeño; la riqueza de las grandes
Otra historia es la de Juan José Palau Gramaje, valenciano de 38 años, que "también hipotecó su vivienda en una inversión garantizada por el Estado y que ahora amenaza con arruinarle la vida; como le ocurre al zamorano Juan Manuel González, de 47 años, que decidió cambiar de actividad y vendió su bar para generar energía solar, ahora está al borde de la ruina y sin perspectivas". Estas tres historias -explica Anpier- "son sólo una muestra de las miles de pequeñas tragedias que se encuentran detrás de cada pequeña planta fotovoltaica" y contrastan -concluye la asociación- con "las cifras de beneficios que año tras año exhiben las eléctricas españolas, y que no han cesado ni siquiera en los años de la más profunda de las recesiones mundiales conocidas".
De cómo evoluciona el marco legal
En esa línea de reivindicación, Anpier celebra mañana la jornada "Seguridad jurídica y energías renovables". El objetivo de esta convocatoria es "analizar la evolución del marco legal que regula al sector de las energías renovables; evaluar las consecuencias jurídicas, económicas, sociales y medioambientales de las reiteradas modificaciones normativas; y presentar las perspectivas de evolución normativa y futuros escenarios de bloqueo o progreso para el sector”. La jornada -cuyo lema es "Sin certidumbres no hay progreso, sin renovables no hay futuro"- está organizada por Anpier, cuenta con el patrocinio de las empresas BayWa r.e. y Krannich y con la colaboración de los despachos Hogan Lovells LLP, Gómez-Acebo y Pombo, Castro-Gil, Cuatrecasas Gonçalvez Pereira y Holtrop.
La retroactividad, madre de la desconfianza
Según Anpier, "la seguridad jurídica es un principio del Derecho universalmente reconocido, basado en la certeza del derecho y en la irretroactividad de la ley, un principio esencial de nuestro ordenamiento garantizado por la Constitución Española (artículo 9.3)" Sin embargo -explica Anpier-, "la falta de seguridad jurídica que padecen las 55.000 familias que realizaron inversiones, responsables y éticas, en la producción de energía solar fotovoltaica, al amparo de un BOE, ha generado la desconfianza de los inversores sobre la certidumbre y rentabilidad de las operaciones realizadas en nuestro país, lo que está lastrando gravemente nuestra recuperación económica, la creación de empleo y, en definitiva, el bienestar de nuestra sociedad".
