Estos proyectos, recuerda Anpier, fueron desarrollados siguiendo las indicaciones y bajo la legalidad dispuesta por el propio Boletín Oficial del Estado, que garantizaba unos retornos ahora inexistentes, suponiendo la quiebra de miles de empresas y de 40.000 economías familiares.
De acuerdo con la asociación, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha desestimado más de 11.000 reclamaciones patrimoniales que derivarán en sus correspondientes recursos ante el Tribunal Supremo, en los próximos dos meses, por parte de miles de productores de energía solar fotovoltaica que están, además, a la espera de recibir las liquidaciones definitivas de la Comisión Nacional de Energía, que incluyen la merma producida por los recortes retroactivos, para recurrirlos inmediatamente ante la Audiencia Nacional.
El MINETUR, en su escrito desestimatorio, llega a afirmar que “el régimen modificado no es inmutable, como pretenden los declarantes que lo consideran un derecho adquirido que se ha visto alterado por las normas citadas sino que está sometido al riesgo regulatorio”. Según Anpier, este reconocimiento expreso de la existencia en nuestro país de un “riesgo regulatorio” es el reconocimiento palmario de la existencia de “inseguridad jurídica” en nuestro ordenamiento, situación absolutamente incompatible con la inversión y la creación de empresas, puesto que si existe riesgo regulatorio no es posible calcular una rentabilidad y, por lo tanto, es poco recomendable realizar inversión alguna.
Industria se enfrenta, además, a cinco recursos de inconstitucionalidad: tres de ellos interpuestos por las Comunidades de Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia frente al RDL 14/2010, otro por parte de Xunta de Galicia por el RDL 1/2012, y un quinto interpuesto recientemente por la Junta de Andalucía por el RDL 2/2013 y a los que, probablemente, se sumaría un sexto recurso de inconstitucionalidad por parte de la Junta de Extremadura frente a este RDL 2/2013.
También se encuentran en proceso decenas de recursos ante el Tribunal Supremo contra la Orden Ministerial que aplica el e RDL 2/2013. Anpier afirma que estos recursos se interponen frente a la Orden porque el Ejecutivo está actuando contra el sector a través de Reales Decreto Ley de manera artificiosa y contraria al espíritu de este rango de normativo, con la intención de que no puedan ser recurridos con facilidad, dado que este tipo de recursos sólo está al alcance de las Comunidades Autónomas, Defensor del Pueblo, 50 Diputados o 50 Senadores.
A nivel internacional, continua, se encuentran en proceso dos arbitrajes internacionales pendientes de resolución interpuestos por 15 fondos internacionales de inversión y cuyo laudo arbitral será probablemente favorable a los fondos internacionales y que se conocerá antes del cierre de 2013. Además, ANPIER acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, para defender a las 55.000 familias españolas que utilizaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para invertir en la producción de energía solar fotovoltaica, al amparo de un BOE publicado por el Estado en mayo de 2007.
“Algo se debe de estar haciendo muy mal cuando se interponen cientos de miles de demandas y recursos frente a todas las instancias posibles en España y el extranjero por parte de ciudadanos, empresas y Administraciones”, ha declarado el presidente de ANPIER, Miguel Ángel Martínez-Aroca. “La sociedad española está perdiendo el tren del progreso y el bienestar que ofrecen las energía renovables, por culpa de los intereses particulares de los gestores y beneficiarios de un reducido grupo de empresas”.
