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AEE denuncia ante el Tribunal Supremo que el Gobierno "vulnera el Derecho Comunitario y la Constitución"

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La Asociación Empresarial Eólica (AEE) acaba de anunciar que ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a partir del uno de enero de 2013 y las tarifas y primas del régimen especial. AEE considera, y así lo hace constar en el recurso, “que la citada disposición no es ajustada a Derecho y es gravemente lesiva para los intereses que representa la Asociación”.
AEE denuncia ante el Tribunal Supremo que el Gobierno "vulnera el Derecho Comunitario y la Constitución"

"Esta disposición aplica por primera vez el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y, por lo tanto, constituye la primera posibilidad de discutir judicialmente tales medidas", según reza el comunicado difundido por la AEE. La forma en que se ha aprobado dicho Real Decreto-Ley, así como su contenido -continúa AEE-, "vulneran el Derecho Comunitario y la Constitución, lo que permite que, en el recurso frente a la Orden, se pongan en tela de juicio las medidas adoptadas de forma urgente por el Gobierno en el Real Decreto-Ley 2/2013". Esas medidas suponen, por un lado, la eliminación de la posibilidad de acogerse a la opción de mercado más prima (lo que ha afectado a más del 90% de los parques eólicos españoles) y, por otro, la modificación de los parámetros de actualización de las tarifas, "lo que supone una reducción de facto importante de la retribución".

De la rentabilidad razonable y la confianza legítima
La asociación patronal, en sus alegaciones a esta misma Orden de Peajes ante la Comisión Nacional de la Energía, el pasado mes de febrero, ya argumentaba que la norma infringe los principios de rentabilidad razonable, seguridad jurídica y confianza legítima. Y es que, según la AEE, "las empresas de energía eólica efectuaron sus inversiones al amparo de una planificación –con la que el sector siempre cumplió– y un marco jurídico que garantizaba la revisión de las tarifas, primas, complementos y límites inferior y superior, así como unas tasas de rentabilidad razonable; sin embargo, ninguno de estos principios se ha respetado al fijar los valores para la actualización de las tarifas que se incluyen en la orden, ya que la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los parques eólicos se reducirá drásticamente, lo que pondrá a muchas instalaciones en una situación límite". Ello -concluye AEE- "vulnera, además del principio de rentabilidad razonable, el de confianza legítima, lo que contribuirá a alejar la inversión del sector y del país".

Retroactividad inaceptable que está destruyendo empleo
Por otro lado -continúa la asociación-, el hecho de que la norma se publicara en febrero (véase BOE) y sea de aplicación desde el uno de enero de 2013 "supone un caso de retroactividad pura o propia, por lo que vulnera claramente los derechos adquiridos de las empresas, con la consiguiente inseguridad jurídica". Según la patronal del sector eólico, "el cambio del índice de actualización de la retribución supone que las tarifas para 2013 sean inferiores a las que existían en 2012 y que, en los próximos años, la retribución se encuentre aún más lejos de cumplir con el supuesto de la rentabilidad razonable". Sobre el particular, la AEE explica además que "cerca del 70% de los parques eólicos españoles está financiado a través de créditos, por lo que está en riesgo su viabilidad". Dado todo lo dado, la asociación opina "que las medidas tomadas por el Gobierno en relación al sector son inaceptables, y debería reconsiderarlas, ya que hacen más daño que los beneficios que generan, lo que ya se está apreciando en los continuos cierres de fábricas y destrucción de empleo".

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