Casi desde el comienzo de su andadura, a los biocarburantes se les ha sometido a la lupa de sus variables ambientales, económicas y sociales. Ya en 2007, antes incluso de la gran oleada de acusaciones por su influencia negativa en los precios de los alimentos, la ONU emitió un informe advirtiendo de las consecuencias sociales del desarrollo de la bioenergía en general y de los biocarburantes en particular. LA FAO incluso cuenta con manuales de buenas prácticas en este sentido. Por otro lado, numerosas ONG publican continuamente informes al respecto, cuestionando y denunciando la repercusión social del bioetanol y el biodiésel.
A pesar de todo, sigue habiendo lagunas en este campo, según la revisión de los resultados del análisis de noventa artículos científicos que relacionan aspectos sociales y el ciclo de vida del etanol (cultivos, procesos de conversión, uso del combustible…), realizada por el eCyT. “Aún nos queda mucho para entender cuál es la dimensión social de los biocombustibles; desde el aspecto académico nos faltan metodologías que analicen de manera sistemática y armónica este ámbito”, afirma en declaraciones a DiCyT Bárbara Esteves, investigadora brasileña del eCyT que en su proyecto de tesis propone un marco teórico para realizar esa evaluación.
Babilafuente, estudio social con primera y segunda generación
Esteves asegura que “muy pocos trabajos evalúan las cuestiones sociales de los biocombustibles, frente a otros análisis, como los económicos, así que es necesario estudiar la dimensión social del bioetanol, el biocarburante más producido en el mundo”. La autora del estudio, publicado en la revista Energy Policy, cuestiona también los sistemas de certificación de sostenibilidad, al no dar la suficiente importancia a esta dimensión social. Precisamente, hace escasamente un mes, la FAO emitió otro informe en el que criticaba que dichos sistemas, “voluntarios y en gran parte privados, pueden excluir a los pequeños campesinos al estar principalmente diseñados para la agroindustria a gran escala”.
El estudio del eCyT reconoce que los actores implicados son numerosos y variados. “He podido verificar que los impactos son muchos y que son difíciles de cuantificar –añade Esteves–; puede que el combustible no sea sostenible desde el punto de vista social aunque sí lo sea desde el punto de vista económico y ambiental”. Y cita ejemplos de algunas comunidades indígenas de Brasil, donde una planta de bioetanol puede suponer un desplazamiento y la destrucción de su modo de vida, pero también es posible lo contrario: en determinados lugares, una planta de bioetanol puede significar un empujón al desarrollo de la comunidad que se traduzca en la construcción de escuelas o centros de salud.
La información difundida por DiCyT adelanta que uno de los próximos pasos en esta línea de investigación será entrevistar a los habitantes de Babilafuente, localidad salmantina donde se ubica una planta de bioetanol de Abengoa, para saber qué piensan sobre su impacto. En la consulta se tendrá en cuenta el cambio tecnológico y de usos de materias primas que supone pasar de la primera a la segunda generación de bioetanol. “Debemos evaluar la probabilidad, la reversibilidad y la importancia de los cambios sociales de esta transición para evaluar su sostenibilidad”, concluye Bárbara Esteves, que destaca el valor que tiene esta línea de investigación de cara a la toma de decisiones políticas.
