Representantes de APPA y de la Plataforma viajarán a Bruselas los próximos días 8 y 9 de abril para reunirse con miembros relevantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, a fin de denunciar el modelo energético que se está fomentando en España, el continuo acoso a las energías renovables y la no transposición de las Directivas de Eficiencia y Ahorro Energético de UE, según informan en un comunicado. Con ello se busca la rectificación de las políticas del Gobierno español sobre renovables, así como asegurar el respeto del Derecho Europeo en España.
La Plataforma ya mantuvo el pasado mes de diciembre unas primeras reuniones en Bruselas con diferentes instituciones y organizaciones europeas para presentar una denuncia a la Comisión Europea, integrada por cinco documentos, tres de los cuales ya han sido tramitados a los servicios jurídicos de la Comisión Europea.
En esta denuncia, elaborada por Holtrop S.L.P (Despacho de Abogados perteneciente a la Plataforma y que desarrolla esta labor de manera voluntaria), se pedía a la CE que, conforme al procedimiento establecido en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, se lleve a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por entender que la normativa española referida al sector eléctrico supone una violación de varias disposiciones que afectan a la Directiva de Energías Renovables (2009/28/CE) y a la Directiva 2009/72/CE. Igualmente se subraya la ruptura por parte del Gobierno del principio de confianza legítima de la inmensa mayoría de los inversores en energías renovables en España.
Por otra parte, se va a elevar una petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre infracciones e incumplimientos cometidos por el Gobierno español de la directiva 2009/28/CE. La citada denuncia y la petición son las dos únicas vías de acceso ante la TJUE que los inversores españoles tienen para la defensa de sus derechos legítimos, ya que los individuos, las empresas y las asociaciones de sector no pueden acceder directamente a dicho Tribunal.
Desde las reuniones mantenidas en diciembre, el Gobierno español ha aprobado dos recortes más a los mecanismos de incentivo de la electricidad proveniente de fuentes renovables. El primero ha sido introducido por la Ley 15/2012, que consiste en un nuevo impuesto sobre los ingresos brutos de la venta de electricidad aplicando un tipo fijo del 7%. Aunque el impuesto se aplica a todas las instalaciones de generación con independencia de su puesta en marcha, el sector de las renovables considera que resulta discriminatorio, puesto que las centrales convencionales pueden trasladarlo a los consumidores finales, mientras que las renovables no tienen posibilidad de hacerlo.
La segunda medida está contenida en el Real Decreto-Ley 2/2013 y ha cambiado los parámetros de actualización de los incentivos, al cambiar la referencia del Índice de Precios del Consumo (IPC) por una nueva metodología que produce una remuneración decreciente en el tiempo.
