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Las quejas del sector fotovoltaico movilizan al Defensor del Pueblo

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La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) se quejó el pasado mes de enero ante el Defensor del Pueblo "del evidente hostigamiento que sufren los productores fotovoltaicos españoles por parte de los últimos Gobiernos". Y es que tanto el último Ejecutivo Zapatero como el primero de Rajoy han vulnerado, según la asociación, "principios esenciales como son la tutela judicial efectiva, la irretroactividad de las normas desfavorables, la seguridad jurídica y la confianza legítima". Pues bien, Anpier difundió ayer una nota de prensa en la que explica que "Soledad Becerril, Defensora del pueblo, ha comunicado a la asociación que su institución inicia las actuaciones oportunas ante la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al entender que la queja reúne los requisitos establecidos".
Las quejas del sector fotovoltaico movilizan al Defensor del Pueblo

La asociación lleva meses quejándose ante todas las instancias -incluida la Unión Europea- de la política energética de los dos últimos ejecutivos, política que no solo ha eliminado las primas -a futuro- para cualquier instalación fotovoltaica y ha recortado retroactivamente -a pasado- las primas de todas las instalaciones en marcha, sino que, además, ha dictaminado que esa prima no se actualice conforme a IPC menos 0,5 (que era lo que establecía la ley) y ha ideado un nuevo impuesto -la Tasa Soria- que grava con un 7% todo kilovatio fotovoltaico generado. Toda esta "secuencia de acontecimientos" -explica Anpier- está conduciendo al sector FV español "a la ruina", pues ese sector -denuncia la asociación- hizo en su momento unas inversiones concretas, a la luz de unas primas también concretas -establecidas por el gobierno en el Boletín Oficial del Estado- y luego, sin embargo, ha visto cómo el propio gobierno cambiaba todo el marco -a futuro y a pasado-, colocando así en una "situación límite" a muchos de esos inversores, que habían calculado unos retornos determinados y que, en función de ellos, habían firmado los correspondientes créditos con las entidades bancarias, créditos que, en algunos casos, los inversores a los que representa ya han tenido que refinanciar, según Anpier.

La inseguridad jurídica excita a la prima de riesgo
"No se trata de que haya gente que pierda su instalación -denunciaba el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca hace unas semanas-; es que hay casos en que pueden llegar a perder su casa, con la que avalaron los préstamos que solicitaron en su momento". Anpier califica esa secuencia de acontecimientos (rebaja de las primas comprometidas -luego medida retroactiva- e imputación de nuevos impuestos) como "una estafa de Estado sin precedentes en Europa, que afecta de manera directa a más de 55.000 familias españolas y a 15 grandes fondos internacionales de inversión". Según el presidente de la asociación, “nos encontramos ante una situación de atropello e indefensión desconocida en toda la Unión Europea y que contrasta con la estabilidad regulatoria del resto de Estados comunitarios y, en especial, con la defensa a ultranza de la seguridad jurídica de las inversiones en renovables en suelo alemán que ha realizado recientemente la Canciller alemana, Angela Merkel, y que evidencia dos formas actuar, con sus correspondientes consecuencias. Consecuencias medidas en prima de riesgo”. Anpier insinuaba además hace un par de semanas que el gobierno está estrangulando deliberadamente al sector FV para que quiebre y caiga en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb), el denominado Banco Malo, entidad en cuyo consejo de administración se encuentra el ex presidente de Endesa Rodolfo Martín Villa y de la que asimismo es accionista Iberdrola.

La asociación también llamará a las puertas de los tribunales europeos
Además, Anpier ya ha informado de que acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, "para defender a las 55.000 familias españolas que utilizaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para invertir en la producción de energía solar fotovoltaica, al amparo de un BOE publicado por el Estado en mayo de 2007 (BOE 126, sábado 26 de marzo de 2007), y a los que se les está sometiendo por parte de la Administración a sucesivas quitas, que alcanzan ya hasta el 40% de los retornos garantizados, y que les obligará a entregar a las entidades bancarias financiadoras de los proyectos tanto las plantas como los bienes utilizados para avalar dichas inversiones". La semana pasada, el presidente de la asociación mantuvo una reunión de trabajo con el Comisario europeo de energía, Günter Oettinger. En esa reunión, el comisario "comprometió su apoyo con los fotovoltaicos españoles". Así -informa la asociación-, Oettinger ha abierto una línea de trabajo con el fin de "actuar de manera urgente en auxilio del productor fotovoltaico español". Para ello -continúa la asociación-, el comisario ha solicitado "informes detallados sobre las sucesión de normas retroactivas que ha ido soportando este colectivo y los impactos económicos derivados de cada una de estas medidas, una información que ya ha sido elaborada por la asociación, a partir del análisis de una consultora internacional independiente, cuyos resultados han coincido con las estimaciones elaboradas por el sector". [Fuente foto: abc.es].

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Lucio Fernandez
Ha de sumarse que España, como miembro de la UE, está yendo en sentido opuesto a las directivas sobre energía, y el ahorro energético. Eso es meritorio, porque no se le ocurre a nadie en su sano juicio. Además, se viola un reglamento aprobado por el mismo país que lo viola ¿Cómo puede España pedir a cualquiera que confíe en ella? Quizá piensa el gobierno que los europeos sólo conocen de España los datos que aporta el gobierno de turno.
José Luis González
No nos engañemos el sector fotovoltaico tendrá el mismo tratamiento que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid respecto a la sanidad .
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