El informe de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO) es sumamente crítico con las certificaciones de sostenibilidad que progresivamente se exige a los biocombustibles. Estima que “la estructura de los sistemas de certificación dificulta que los pequeños agricultores y muchos países en desarrollo participen en los mercados de exportación” y “pueden excluir a los pequeños campesinos al estar principalmente diseñados para la agroindustria a gran escala”. El informe considera que dichos sistemas demandan muchos datos o información y requieren inversiones y capacidades a menudo fuera del alcance de la mayoría de los pequeños cultivadores.
La Comisión Europea lidera la aprobación de esquemas de sostenibilidad sobre biocarburantes (lleva trece) promovidos por empresas productoras y en algunos casos con la participación de ONG. Sin embargo, el trabajo realizado por la FAO concluye que “tal y como están estructurados, estos sistemas tenderían a favorecer a las grandes empresas y a proporcionar incentivos para aumentar la producción y absorber los costes de certificación". No descartan que también tenga algunos efectos positivos, como una mejor eficiencia, mayor transparencia, mayor conciencia de los problemas y menor riesgo en la cadena de suministro.
Propuestas de mecanismos complementarios para pequeños agricultores
"Muchos países en desarrollo están preocupados porque los sistemas de certificación puedan convertirse en barreras comerciales indirectas si no se gestionen adecuadamente", continúa el informe. Para los pequeños agricultores es más complicado sistematizar y organizar todos los datos que se exigen para la estimación, por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero, de ahí que se pida la implantación de mecanismos complementarios para crear un entorno propicio y aumente así la aceptación de la certificación.
El informe de la FAO aporta incluso algunas pistas sobre lo qué deberían incluir y tener en cuenta esos mecanismos: “legislación nacional, políticas de contratación pública, incentivos fiscales, reducción de impuestos y subvenciones para el inicio de actividad”. También habla de promocionar los organismos locales de inspección, como una forma de reducir los costes de los pequeños agricultores. “Las instituciones financieras también tienen un papel importante en lo que respecta al apoyo y habilitación de los sistemas", añade el estudio.
Criticada la moratoria a la sostenibilidad aprobada por el Gobierno español
En España, Ecologista en Acción ha criticado la moratoria indefinida al cumplimiento de los criterios de sostenibilidad para los biocarburantes recientemente aprobada por el Gobierno. “La moratoria anula la reducción obligatoria de las emisiones GEI con respecto a los combustibles fósiles (35 por ciento en la actualidad, 50 por ciento para 2017) e invalida la prohibición del uso de materias primas procedentes de bosques primarios, prados, pastizales, humedales y turberas”, recuerdan en la ONG.
El comentario de Ecologistas en Acción se enmarca en la crítica que hacen al sistema de producción y consumo tras conocerse el informe de 2011 sobre el uso de biocarburantes en España, publicado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). “Los biocarburantes que se utilizan en el Estado español proceden en gran medida de productos alimentarios llegados de fuera”, denuncian, por lo que “no se trata de un modelo sostenible y resulta mucho más contaminante de lo que se calcula hasta ahora”. “Argentina, Indonesia, Brasil o Malasia figuran entre los países originarios de materias primas alimentarias”, y recuerdan que la aportación de las españolas a la producción de biocarburantes se reduce a un 4,5 por ciento en el caso del biodiésel y a un 27 por ciento en el del bioetanol.
