La asociación solar asegura que “más de 55.000 familias que viven de sus instalaciones de energía solar fotovoltaica se encuentran gravemente afectadas por dos normas retroactivas –RD 1565/2010 y del RDL 14/2010– que suponen una perdida media de hasta un 30% de sus ingresos y a lo que, desde el pasado 28 de diciembre, hay que sumar una nueva carga impositiva del 7%”. Anpier asegura que “un 80% de ellas, más de 44.000 familias, sufren tensiones de tesorería que pone en riesgo de quiebra inminente su actividad y con ella su propio patrimonio, pues son instalaciones de pequeñas dimensión, que se pusieron en funcionamiento a través de financiación bancaria”. Y ahora la banca les “reclama los pagos bajo amenaza de embargar tanto las instalaciones como los bienes de los propietarios de estas plantas”.
Anpier considera que esta situación constituye una “estafa de Estado”, aún “más escandalosa que la estafa de las preferentes, puesto que en el caso de las inversiones en fotovoltaica no existía letra pequeña, sino que se han cambiado las condiciones del contrato una vez realizadas la inversiones, y con la agravante de ser el propio Estado el que las garantizaba”. La asociación añade que la “estafa” ha sido “maquinada con la intención de aproximarse a los objetivos energéticos europeos de 2020 y a cumplir con los compromisos de Kioto a costa de la inversión privada de decenas de miles de familias españolas, que ahora no obtienen el retorno prometido a través del propio Boletín Oficial del Estado”.
El presidente de la asociación, Miguel Martínez-Aroca, ha dicho que van a “solicitar a la Defensora del Pueblo que realice las gestiones pertinentes para ayudar a la ciudadanía española a comprender el sistema energético que padece: ineficiente, tóxico, peligroso y caro. Paso previo para modificar un sistema que sólo beneficia a tres grandes empresas y lastra nuestra salud, nuestras economías familiares, nuestra competitividad y nuestro medioambiente”.
El 80% de los españoles a favor de las renovables
Anpier, que ha solicitado reiteradamente al Gobierno “la urgencia de diseñar un nuevo modelo energético rentable y responsable, alineado con las preferencias de la ciudadanía”, recuerda que el pasado 8 de enero el Eurobarómetro publicó los resultados de una consulta realizada a 25.525 ciudadanos de la UE en la que se constata que el 70% de los europeos quieren que se prioricen las energías renovables en sus respectivos países. Y España supera ampliamente la media europea: el 81% de los españoles reclama un nuevo modelo energético basado en el uso de energías renovables.
