La asociación denuncia que “mientras comunidades autónomas como Canarias o algunas incluso afines al Gobierno, como Extremadura y Galicia, han planteado un recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto Ley de la Moratoria de las Renovables, publicado el pasado enero, y se posicionan activamente en defensa de los intereses de su comunidad, en la Junta de Andalucía lo que impera es la pasividad y la inacción ante lo que constituye un atropello a todo un sector”.
Aprean añade que, “de igual forma, gobiernos autonómicos como los de Galicia, Baleares y Castilla-León se muestran activos y han aprobado normativas que permiten el desarrollo del autoconsumo eléctrico, porque beneficia económicamente a sus comunidades, sin necesidad de esperar a una regulación del Ministerio de Industria, que hace meses debería haber aprobado. Sin embargo, en esto también, nuestro Gobierno andaluz no sabe, no contesta, no dice, ni hace”.
“No entendemos cómo es posible que, siendo Andalucía la comunidad líder en recursos energéticos renovables, pionera en tecnología y conocimiento, y con enormes inversiones y empleos asociados, no contemos con un Gobierno firme que ejerza una defensa enérgica y contundente frente a una moratoria que, tan sólo en eólica, ya ha producido la pérdida de más de 2.000 millones de euros de inversión, correspondientes a 1.500 megavatios”, señala la patronal renovable andaluza.
“Tras más de dos años de parón en las renovables andaluzas, con destrucción de empleos de más del 50%, y al borde del desmantelamiento general del sector y de su industria asociada, es momento de exigir al Gobierno de España, con rotundidad, que aclare el futuro que proyecta para las energías renovables. Y entendemos que la Junta de Andalucía es quien ha de hacerlo, con toda la firmeza y rigor, pues es su obligación la defensa y representación de los intereses andaluces, que en este caso quedan gravemente afectados”, reclama la asociación.
En concreto, Aprean espera que la Junta de Andalucía interponga un recurso de inconstitucionalidad a la moratoria de renovables, como ya han hecho otras comunidades, y que estudie medidas concretas que puedan compensar las pérdidas económicas que esta situación está provocando en las inversiones en energías renovables que ya se han realizado en Andalucía.
Además, reclama que la Junta de Andalucía exija al Gobierno central que presente una planificación del mix energético para 2020, entendido como acción de política de Estado y con visión estratégica a largo plazo, como corresponde al sector de la energía.