La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) rechaza la subida del 6% al 7% del tipo impositivo a la incorporación de la electricidad en el sistema eléctrico que el Partido Popular quiere introducir en el Proyecto de Ley de sostenibilidad energética durante su paso por en el Senado.
“Si un 6% llevaba a numerosas instalaciones a concurso de acreedores, el 7% aumentará aún más el número de afectadas”, señala en un comunicado. “El sector fotovoltaico ya soporta un recorte retributivo del 30% durante los años 2011, 2012 y 2013, que fue aprobado por el anterior Gobierno. La superposición durante 2013 de este recorte con la nueva fiscalidad llevará a numerosas instalaciones a no poder afrontar el pago de la deuda financiera”, añade.
De esta forma, las plantas fotovoltaicas entrarán en suspensión de pagos (como se puede apreciar en el gráfico inferior de UNEF) y los propietarios se verán obligados a renegociar la deuda, a aportar fondos propios o, si no pueden hacer ninguna de esas dos opciones, a entregar su instalación a la entidad financiera”.
Recorte del 17% de por vida
El recorte aprobado por el anterior Gobierno –en el Real Decreto-Ley 14/2010–, además de fijar una reducción de ingresos transitoria, del 30% durante los años 2011, 2012 y 2013, establece un recorte de por vida del 10% de media a partir de 2014. ·Por lo tanto, a partir de 2014 y durante más de dos décadas, las instalaciones fotovoltaicas verán reducida su retribución alrededor de un 17%”, señala UNEF. Y “las reducciones de ingresos que afectan a la fotovoltaica, a diferencia de lo que ocurre con las demás tecnologías de generación, no son repercutibles en el precio de venta de la energía, por lo que directamente deben ser asumidas por los productores solares”, recuerda la patronal.
Ante esta situación, UNEF solicita que se adelante el final del período transitorio del RD-L 14/10 a este mismo 2012, de modo que en 2013 se aplique la reducción de por vida del 10% y el nuevo impuesto a la generación. UNEF considera que un recorte del 16% ó el 17% durante más de 25 años compensa con creces la no aplicación del 30% del RD-L 14/10 en 2013. La medida, por otro lado, suavizaría la elevada litigiosidad asociada al RD-L 14/10.
Hay un arbitraje internacional en Ginebra contra el Reino de España por vulnerar la Carta de la Energía, y otro arbitraje en preparación. Además, hay tres recursos presentados ante el Tribunal Constitucional por las Comunidades Autónomas de Murcia, Valencia y Extremadura. Y se han presentado 11.600 reclamaciones patrimoniales contra el Estado Legislador por vía administrativa, que previsiblemente acabarán en el Tribunal Supremo. También se prevén decenas de miles de impugnaciones de liquidaciones incompletas de la Comisión Nacional de Energía ante la Sala Tercera de la Audiencia Nacional cuanto éstas se conviertan en actos administrativos definitivos.
