El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom), la sección de Biomasa de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y la Asociación Española de Biogás (Aebig) han mostrado su contrariedad y no quieren dejar pasar la oportunidad de explicar el daño que sufrirá el sector de la bioenergía si al final se consuma su aprobación. Javier Díaz, de entrada, se hace dos preguntas: “¿Cómo es posible llamar reforma del sector eléctrico a una mera revisión fiscal del mismo? ¿Cómo se puede meter en el mismo saco a todas y cada una de las tecnologías de generación, cuando es evidente que unas aumentan el déficit energético y otras lo reducen?”
Según explica la nota de prensa de Moncloa, el impuesto sobre la venta de energía eléctrica es un tributo estatal, de carácter directo y naturaleza real, que grava la realización de actividades de producción de energía eléctrica. El hecho imponible es la venta de la producción de energía eléctrica y la base imponible está constituida por los ingresos totales percibidos (mercado + prima, en su caso) por la energía vendida por el sujeto pasivo en cada instalación. El tipo es "ad valorem" y único (6%), a aplicar a los ingresos obtenidos por cada una de las instalaciones de producción de energía eléctrica, sean o no renovables y, dentro de estas todas (solares, eólica y biomasas).
Peligra la escasa rentabilidad de algunas plantas
“Para crear nuevos empleos y que nuestra economía crezca necesitamos el tirón de la generación de electricidad con biomasa, es una cuestión de economía de escala; y ustedes van a dificultar esta creación de empleo con el impuesto del 6% que pretenden aprobar en las Cortes”, advierte Díaz al Gobierno. Desde Avebiom recuerdan los informes de todo tipo que han presentado: datos de empleo, ahorro en divisas, disminución de emisiones de CO2, desarrollo de una industria nacional capaz de suministrar todos y cada uno de los elementos necesarios para construir las centrales… “Muchos datos contundentes y convincentes, pero parece que hay otros intereses que priman sobre las ventajas que aporta la bioenergía al país; algo que deberían explicar a muchos españoles que necesitan un puesto de trabajo urgentemente”, concluye Javier Díaz.
En Aebig la sensación es similar: “hemos demostrado que somos una renovable diferente, que reducimos la carga de residuos en el medio ambiente y las emisiones de gases de efecto invernadero de explotaciones ganaderas, pero sigue sin tenerse en cuenta”. “Que nadie piense que según está redactado se trata de algo positivo –añade su presidente, Francisco Repullo–, realmente conseguirá rematar al sector, incluidas las plantas que ahora están funcionando”. Desde APPA Biomasa, a la espera de una evaluación con mayor detalle, afirman que “existe una gran preocupación sobre el impacto que tendrá la aplicación del impuesto en plantas de biomasa que cuentan con unas rentabilidades muy ajustadas”.
A pesar de todo, Javier Díaz muestra síntomas de optimismo al confiar en que durante la tramitación del proyecto de ley en las Cortes se introduzcan algunos cambios. “Señores del Gobierno –proclama–, sean consecuentes, por favor, con lo que pregonan acerca de la necesidad de generar empleo, y hagan lo necesario para que la bioenergía se desarrolle y muestre el enorme potencial que tiene para ayudar a conseguir un país más sostenible económica y medioambientalmente. Los productores de combustibles fósiles se lo recriminarán, pero seguro que los españoles se lo agradeceremos para siempre”.
