Ni posibilidad de aprobación de excepciones a la biomasa en la moratoria renovable a través del artículo 3.3 establecido en el real decreto ley 1/2012 ni mantenimiento del statu quo actual de las plantas de producción de electricidad. La reforma del sector eléctrico anunciada por el propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, también aplicará tasas a las centrales de biomasa, algo que para Probiomasa es “inasumible”. En un comunicado difundido hoy mismo pide al Gobierno que “reconsidere la imposición de esta tasa, dando a la generación de energía por medio de biomasas un tratamiento acorde con lo que se hace en la mayoría de los países de la Unión Europea, en lugar de hacer ‘tabla rasa’”.
Probiomasa entiende que el ejecutivo de Mariano Rajoy “debería valorar en un único balance, como hace con otras energías, la totalidad de las externalidades que induce este sector, potenciándolas al máximo, al resultar claves actualmente, dado el momento por el que está atravesando España, en lugar de favorecer su eliminación indiscriminadamente complicando aún más la situación que están viviendo los ámbitos agrícola, forestal y ganadero del medio rural español”. “Una tasa del 4,5% sobre la generación de las plantas de biomasa viene a dar la puntilla definitiva a un sector ya muy injustamente castigado de por sí por la moratoria”, aseguran.
Perjuicio para productores de energía, pero también para sectores agrícola, forestal y ganadero
Debido a la variedad del recurso y de los procesos de generación de energía con biomasas, Probiomasa advierte de que el perjuicio de esta medida se extenderá más allá de las propias instalaciones sobre las que podría recaer, “al afectar negativamente a los sectores agrícola, ganadero y forestal, puesto que romperá la generación de valor en términos de empleo y de beneficios sociales y económicos exclusiva de la biomasa en toda su cadena productiva, incrementando el ya insoportable paro de nuestro país”. También recuerdan que repercutirá en los costes derivados de la compra de derechos de emisión que la biomasa evita, incrementará la producción y abandono de residuos, provocando contaminaciones ambientales, y provocará más incendios forestales.
Si la tasa se aplica en los términos anunciados, “las plantas de biomasa en funcionamiento corren un serio peligro de quedar abocadas a la suspensión de su actividad productiva”, avisa el comunicado de Probiomasa. Señalan que esas mismas plantas, a pesar de los exiguos márgenes con los que cuentan y la escasa comprensión demostrada por parte de los sucesivos poderes políticos, han permitido generar un tejido empresarial sólido, un cuantioso número de empleos estables no solo en su propio ámbito de actividad, sino en otros sectores y “ha producido y produce unos retornos al erario público tremendamente significativos, y de mayor entidad que los escasos apoyos que ha recibido”.
Esta agrupación de 35 asociaciones vinculadas al medio rural, agrario y forestal, además de productores y centros tecnológicos, insiste en lo injusto que supone aplicar esta nueva tasa a un sector que “no tiene ni ha tenido responsabilidad alguna en el déficit de tarifa, al suponer su retribución apenas un 1,9% sobre el total las primas del régimen especial, y cuando ni siquiera puede considerarse que el sector se ha desarrollado”. Recuerdan también el no cumplimiento de los objetivos que se marcó a la biomasa y el biogás en los planes de energías renovables, “debido fundamentalmente a las de sobra conocidas ineficiencias que han presentado los marcos regulatorio y retributivo establecidos, que han implicado la práctica imposibilidad de alcanzar una rentabilidad suficiente en la mayoría de las plantas”. Concluyen que dicha rentabilidad se convertiría en quimera definitiva con las nuevas tasas, al tener que asumir un nuevo sobrecoste.
