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La reforma que viene

Protermosolar presenta su hoja de ruta

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La patronal del sector termosolar difundió ayer un comunicado en el que manifiesta su "total rechazo" y su "enorme preocupación" por el impuesto con el que el gobierno quiere gravar la generación eléctrica, impuesto basado en la facturación. Protermosolar considera que ese impuesto (el ejecutivo propone concretamente un 13% para los kilovatios generados por esta tecnología) es "desproporcionado, discriminatorio y posiblemente inconstitucional". A la vez, esta asociación empresarial sugiere al gobierno que revise "suficientemente" otros costes del sistema eléctrico que ofrecen "posibilidades de recorte notables". Protermosolar señala, en concreto, los siguientes: "pagos por capacidad -1.500 millones de euros-, interrumpibilidad -500 millones-, transporte -1.500-, distribución -5.400-, etcétera".
Protermosolar presenta su hoja de ruta

"Una bajada del 13% en la retribución a la energía termosolar, como la que se ha anunciado, pondría en peligro la viabilidad de las centrales construidas tan recientemente y el empleo a ellas asociado". Esa es la clave del discurso de la patronal solar termoeléctrica, que no solo apunta, a toro pasado, que el sector "ha dado trabajo a casi 24.000 personas durante estos años de crisis económica, 25.000 empleos en 2011", sino que, además, señala que, "en 2020, puede aportar 3.500 millones de euros al PIB y mantener 20.000 empleos si se cumplen las previsiones del PER [Plan de Energías Renovables]". Protermosolar también se acuerda en su comunicado de los bancos. Así –avisa la patronal–, un 13% de impuesto sobre el kilovatio termosolar "incidirá también negativamente en los balances de las entidades financiadoras, que deberán aumentar sus provisiones o, incluso, asumir un mayor volumen de proyectos fallidos con sus activos asociados, con el consiguiente efecto de disminución del crédito, tan necesario para la reactivación de nuestra economía". Y no estamos hablando de una cantidad baladí. Protermosolar estima que "las entidades financieras tienen una exposición al sector termosolar superior a los 10.000 millones de euros". [Y, ahora, una derivada: ¿cuál es la jugada de Soria y De Guindos? ¿Apretamos un poquito más las tuercas al deudor –a golpe de decreto– para que el acreedor presente un riesgo mayor y sea más fácil justificar que a los bancos hay que echarles una mano?).

Las mil caras de la retroactividad
Pero volvamos al comunicado que difundiera ayer Protermosolar. La nota está dividida en dos: por una parte, critica la propuesta del ejecutivo y, por otra, contraoferta con una propuesta propia. Vayamos por partes: la patronal del sector –un centenar de empresas– considera que aplicar "porcentajes diferentes por tecnologías de forma tan desproporcionada" (la propuesta del gobierno sería aplicar un 13% a la termosolar; un 11%; a la eólica; un 19%, a la FV) es una propuesta "manifiestamente discriminatoria y por tanto inconstitucional". Según Protermosolar, además, "discriminar en contra de las energías limpias va directamente contra los principios que defiende la Unión Europea y que el presidente Rajoy suscribió en su discurso del miércoles: 'quien contamina paga'".

La patronal califica asimismo esa medida de retroactiva, pues, "al aplicarse sobre la facturación (que no sobre los beneficios) tendría el mismo efecto que una reducción de la retribución". Ello implicará por lo demás –sostiene Protermosolar– la vulneración del "principio de rentabilidad razonable" que recoge el artículo 30.4 de la Ley del Sector Eléctrico, "pues conduce a los proyectos termosolares a obtener un retorno muy inferior al coste del capital y a incurrir en pérdidas económicas muy importantes". Por fin, concluye la asociación, ese cambio retroactivo de las reglas del juego implicará también "el descrédito del país ante inversores extranjeros (y nacionales) con un impacto dramático en la captación de inversiones tan necesarias para sacar al país de la crisis".

Del sol y la nuclear
La propuesta del gobierno es calificada por Protermosolar asimismo como "manifiestamente confiscatoria". A saber: según la asociación empresarial, esa medida "vulneraría el principio de no confiscatoriedad, puesto que gravaría a sociedades de proyecto que carecen de beneficios para su pago, ya que la generación de caja de las empresas renovables, debido a su reciente y cuantioso esfuerzo de inversión, se dedica principalmente a la amortización de sus activos y a la devolución de intereses y de la deuda". Es ahí donde la patronal del sector alude a la banca cuando dice que "estima que las entidades financieras tienen una exposición al sector termosolar superior a los 10.000 millones de euros".

Las comparaciones agigantan la imagen de la discriminación, pues mientras prácticamente el 100% del parque termosolar nacional ha sido enchufado en los últimos tres años –y evidentemente en efecto no puede estar amortizado–, en España hay centrales nucleares que comenzaron a funcionar cuando el general Francisco Franco era jefe de estado, hace ya más de 40 años, instalaciones todas, pues, totalmente amortizadas. Y a la nuclear puede no interesarle el desarrollo de la termosolar, pues ambas comparten condición de gestionables (ya es posible generar electricidad solar por la noche, gracias a los sistemas de almacenamiento y, además, esta tecnología permite la hibridación con otros combustibles, como gas o biomasa). Protermosolar lo tiene claro: "las centrales termosolares representan la alternativa de mayor potencial a escala mundial de tecnología gestionable para ser la base del futuro mix de generación libre de emisiones". Y es precisamente eso –"ser la base del futuro mix de generación libre de emisiones"– lo que también persigue la nuclear.

Diecisiete mil millones por donde recortar
Como alternativa, Protermosolar propone "una tasa homogénea a la generación por MWh" y sugiere que "podría estudiarse la conveniencia de posponer hasta 2014 el plazo para la eliminación total del déficit tarifario". En todo caso, la asociación empresarial critica que no se agoten otras "posibilidades reales de reducción de costes del sistema eléctrico". Y ahí señala los pagos por capacidad -1.500 millones de euros-, la interrumpibilidad -500 millones-, el transporte -1.500-, la distribución -5.400-, etcétera, costes todos ellos que Protermosolar considera "no han sido suficientemente revisados, cuando ofrecen posibilidades de recorte notables". Además –añade la patronal en su comunicado–, "tampoco se adoptan medidas sobre la liquidación pendiente de los Costes de Transición a la Competencia (3.000 millones de euros) ni la incompleta minoración de la remuneración de las unidades de generación, aplicada al periodo 2006-2009, por internalizar los costes de CO2 aun habiendo recibido asignaciones gratuitas (4.000 millones de euros), según distintas estimaciones".

Según Protermosolar, actualmente hay operativas en nuestro país 35 centrales termosolares (1.581 MW) y otras diecisiete en construcción (774 MW). Además, apunta la patronal, el sector termosolar sólo ha recibido alrededor del 2% de las primas acumuladas por el Régimen Especial y no puede considerársele, por tanto, responsable de la situación del déficit actual. Es más –concluye–, "en el futuro, las primas a la termosolar serán inferiores incluso a las que perciba la cogeneración" (la mayoría de la cogeneración funciona con gas natural). El pasado mes de febrero, Protermosolar difundió un documento en el que señaló "Once medidas que reducirían en 17.300 millones el déficit de tarifa". Son estas.

Medidas para recortar el déficit acumulado
1. Aplicar una cierta quita basada en la teoría del Tribunal Supremo de beneficio razonable por los windfall profits de años anteriores. Cantidad pendiente de determinar.
2. Realizar la regularización y liquidación final de los Costes de Transición a la Competencia todavía pendientes. Estimación: 3.000 millones de euros.
3. Exigir la devolución de los derechos de emisión que las eléctricas han recibido gratuitamente en los sucesivos años desde 2005 y que se han internalizado en el precio del pool. Ya se exigió la devolución de ciertas anualidades (2006, 2007, 2008 y 2009, primer semestre) que es de suponer se habrán ingresado, aunque no se ha podido ver claramente en los datos facilitados sobre el déficit. Faltaría por exigir las de 2005 y desde el segundo semestre de 2009 hasta la fecha. Estimación: 4.200 millones de euros.

Medidas para reducir el déficit anual
4. Bajar la remuneración a las centrales nucleares e hidráulicas, suficientemente amortizadas y cuyos costes de generación son muy inferiores a los precios del pool. Estimación: 3000 millones de euros al año.
5. Revisar los costes regulados de distribución exigiendo mayores niveles de eficacia y, por tanto, de reducción de costes. Estimación: 500 millones de euros anuales.
6. Eliminar los pagos por interrumpibilidad a grandes consumidores al existir sobrecapacidad instalada. Estimación: 500 millones de euros al año. (Actualmente cobran del orden de 5.000 millones)
7. Reducir los pagos por capacidad a los ciclos combinados e hidráulica. Estimación: 300 millones de euros anualmente.
8. Retirar los apoyos al carbón nacional, que son la causa del cambio de tendencia en los compromisos de reducción de emisiones, y pasar a los Presupuestos Generales del Estado otras medidas de apoyo a los 4.000 trabajadores del sector de la minería. Estimación: 500 millones de euros al año.
9. Pasar a los Presupuestos Generales del Estado todos los costes que puedan calificarse de “apoyos sociales”, como los costes extrapeninsulares, el bono social, la subvención a Elcogas, la Moratoria Nuclear, etcétera. Estimación: 1.300 millones de euros al año.
10. Corresponsabilizar a los otros sectores energéticos de la necesaria transformación del sector eléctrico para el cumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea. Estimación: 3.000 millones de euros anuales.
11. Aplicar como ingresos al sistema parte de las subastas de derechos de emisiones por generación eléctrica a partir de 2013. Estimación: 1.000 millones de euros anuales.

Los números clave de la más española de las renovables
Según la consultora Deloitte (véase Impacto macroeconómico del sector solar termoeléctrico en España), “si se ponen en la balanza los impactos positivos que se derivan de las actividades del sector [termosolar], llámese contribución al PIB de 1.650 millones de euros; generación de 23.844 empleos; aportaciones por concepto de cotización a la Seguridad Social, 270 millones de euros; impuestos sobre beneficios de sociedades, 66 millones de euros; IRPF, 71 millones de euros; ahorro en concepto de derechos de emisión, cinco millones de euros; sustitución de importaciones de combustibles fósiles, 24 millones de euros, y posicionamiento de las empresas españolas en el mercado internacional, puede constatarse que las políticas de apoyo a esta tecnología a través de las primas a la generación, que en 2010 supusieron 185 millones de euros, han sido una apuesta eficiente en términos económicos y tecnológicos para nuestro país”.

Deloitte señala en su informe –que fue publicado en octubre del año pasado– que no incluye en esa balanza "dos conceptos de importante trascendencia macroeconómica, como son el empleo de cerca de 24.000 personas en 2010, gran parte de los cuales lo fueron en sectores muy afectados por la crisis económica, y el posicionamiento conseguido por la industria nacional ante los importantes mercados de centrales termosolares que se están abriendo en todo el mundo. Este último impacto es difícil de evaluar cuantitativamente al no conocer cuál será la participación de nuestras empresas en el reparto de proyectos en los distintos países; en cambio, los subsidios de desempleo medios correspondientes a 23.844 personas sí pueden estimarse y hubieran supuesto 176.391.810 euros en 2010". Con respecto a la "difícil" evaluación de la industria nacional en los mercados de todo el mundo, léase "Los números clave de la más española de las renovables" (página 56 y sucesivas de la edición de julio/agosto de Energías Renovables, edición número 113).

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