El Gobierno de España mantiene firme su apoyo a la moratoria renovable contenida en el real decreto ley 1/2012. Ni la crítica directa de la Comisión Europea a esta medida ni los contactos con sectores que le explican los efectos positivos que supondría para la economía, la sociedad y el medio ambiente la reactivación del apoyo a algunas renovables consiguen lograr un cambio en el ejecutivo de Mariano Rajoy. Uno de los últimos en conocer esta firmeza fueron la Confederación Española de Empresarios de la Madera (Confemadera), la Asociación de Productores de Pellets de Madera del Estado Español (Apropellets), la Asociación Española de Gestores de Biomasas de Madera Recuperadas (Aserma) y la Confederación Española de Aserradores y Rematantes de Madera (Cearmadera).
Representantes de estas asociaciones se reunieron el pasado 12 de junio con el subdirector general de Energía Eléctrica del Minetur, Santiago Caravantes, para trasladarle “la importancia del desarrollo de un régimen especifico que regule las cogeneraciones”. Durante la reunión hicieron hincapié en aprovechar
“la vía que abre el artículo 3.3 del 1/2012, en la necesidad de regular las cogeneraciones con biomasa ligadas a un proceso productivo; dada la importancia que tiene para el sector de la madera en términos de empleo, fijación del medio rural y por el ahorro que supone el uso de este tipo de energía en los procesos productivos, siendo un exponente de la eficiencia energética en la industria”.
Evaluar casos y restablecer un posible régimen especial para proyectos en desarrollo
Santiago Caravantes reconoció que “el Gobierno es consciente de la necesidad de establecer una actuación específica para aquellas renovables que presentan claras ventajas medioambientales, como es este caso”, señalan en un comunicado de Confemadera. Sin embargo, “a pesar de la voluntad manifestada –añaden– explicó que, en estos momentos, el Ejecutivo tiene como prioridad resolver el problema del déficit tarifario con el sector eléctrico y es en esto en lo que se centran los esfuerzos a corto plazo”. Tras trasladar al representante del Minetur que “el fomento y regulación de la cogeneración tiene un claro retorno para la administración porque es un factor de dinamización de los mercados”, solicitaron la creación de una mesa de trabajo donde los empresarios del sector puedan colaborar con el ministerio para la búsqueda de soluciones efectivas al respecto.
Como ocurre con otros tantos proyectos de biomasa y biogás, donde la inversión ha sido aún mayor, las asociaciones sectoriales recordaron a Santiago Caravantes la situación en la que habían quedado muchos proyectos de cogeneración ligados a la producción industrial tras la aprobación del real decreto ley 1/2012, y la necesidad de una comunicación fluida entre administración y empresas, para que éstas conozcan en qué situación se encuentran y cuándo y cómo se va a actuar, y así establezcan sus estrategias de actuación. El subdirector general de Energía Eléctrica especificó que “el Ejecutivo evaluará los casos existentes y tendrá un claro criterio a la hora de restablecer un posible régimen especial para aquellos proyectos ya en desarrollo”.
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