Que la Comisión Europea analice y cuestione la política energética española puede parecer, a primera vista, una buena noticia, pero no lo es de ninguna manera. Por el contrario, es la constatación de que España está perdiendo muchos años y muchas oportunidades manteniendo una política energética equivocada porque no se decide a cambiar su modelo energético desde la base, dejando de apostar por un mix energético caro, ineficiente y contaminante que solo persigue proteger una economía energética basada en el mayor consumo de combustibles fósiles y energía nuclear, dejando al margen y despreciando la economía verde de las renovables y la eficiencia energética, que es la que puede mejorar de manera significativa la competitividad de nuestro país.
Competencia
Hay dos premisas en este informe de los servicios de la CE que hacen más comprensible el análisis sobre la tarifa eléctrica y la moratoria renovable. En primer lugar, la crítica que se hace a la reforma que el actual gobierno ha propuesto de los organismos reguladores, por la que desaparecen todos los existentes para integrarse en un único órgano regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que en el documento se dice que dicha reforma no garantiza ni su eficacia ni su independencia. Cabe recordar que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), durante el mandato de su anterior presidente, José Luis Berenguer, reiteró la denuncia contra las compañías eléctricas por los excesivos beneficios que el método de conformación de precios del pool eléctrico otorgaba a las nucleares e hidráulicas ya amortizadas y denunció a las petroleras españolas por la falta de competencia en la distribución de carburantes que encarecía el precio de la gasolina antes de impuestos. El Gobierno no le apoyó, pero ahora Europa le da la razón. Sin embargo, la independencia de los organismos reguladores en la práctica ya ha desaparecido y se la ha apropiado enteramente el propio gobierno. Y por ahí empieza el déficit democrático y el asentamiento en el poder de los intereses de las grandes corporaciones energéticas sobre los intereses generales.
Sin política medioambiental
En segundo lugar, la política energética del actual gobierno se entiende mejor con otra apreciación que se hace en el documento en la que se afirma que la política medioambiental ha desaparecido en el programa nacional de reforma. Si no interesan las emisiones de CO2 o el uso racional de los recursos o los niveles de contaminación atmosférica, no es de extrañar el freno a las renovables o el menosprecio a todas las políticas de lucha contra el cambio climático; la consecuencia de esta actitud trasladada a la política energética es evidente con la moratoria renovable aprobada en enero y la desaparición de las políticas de apoyo al ahorro y eficiencia energéticas y la consideración de los impactos del CO2 como una “broma”, en palabras del nuevo ministro de Agricultura y Medioambiente. La novedad del análisis de los servicios de la Comisión Europea es que se destaque que esta política tiene un efecto directo en la pérdida de competitividad de España.
Transparencia
La Comisión Europea cuestiona el método de conformación de precios de la electricidad por las ayudas al carbón, los beneficios extraordinarios de las nucleares e hidráulicas y la tarifa de último recurso que no refleja los costes reales y llega a la conclusión sobre cómo todas las medidas adoptadas, incluida la moratoria renovable, no se han traducido en menores precios y costes ni en mejoras de competitividad. Realmente, el documento se queda en la falta de competencia como causa principal de los errores de la política energética, pero no se detiene en otro fenómeno asociado como es la falta de transparencia en los precios de la energía.
El déficit tarifario relacionado con el coste de las primas a las renovables, en el fondo, no deja de ser un subterfugio para ocultar el verdadero artificio contable que se esconde detrás de la fórmula del déficit tarifario: incrementar la tarifa con costes regulados y derivar los costes reales a los consumidores futuros. La realidad es que este método funcionó desde el año 2002 con un crecimiento de la demanda energética muy por encima del crecimiento del PIB, es decir, con una economía derrochadora en el consumo de energía; pero a partir de 2008, con la crisis económica y el vertiginoso descenso de la demanda eléctrica, ha demostrado ser una trampa que nadie previó ni nadie se ha atrevido a cambiar.
El desastre de la planificación energética ha hecho el resto y no es correcta la valoración que hace la Comisión Europea con respecto al despilfarro de recursos para contar con energía de respaldo a las fuentes renovables. En este sentido es necesario volver a leer el preámbulo del RDL 13/2012 donde se describe cómo las inversiones en infraestructuras gasistas, en un régimen liberalizado por completo donde las decisiones empresariales han sido libres, ha llevado a una situación de sobredimensionamiento provocado por el hecho de que a sabiendas de que el consumo de gas descendía y de que el grado de utilización de dichas infraestructuras, centrales de gas, gasoductos, regasificadoras y almacenamientos subterráneos, no iba a llegar al 50%, se siguieron realizando inversiones gasistas hasta que han sido paralizadas este año por dicho real decreto. El hecho es que en abril y mayo de 2012 sigue descendiendo la demanda eléctrica y el freno impuesto a las renovables no ha servido para nada porque el déficit tarifario permanece y volverá a subir la luz.
Competitividad
La principal novedad del documento de trabajo de Bruselas está en el hecho de que, por fin, alguien valora la importancia de las renovables para reducir las importaciones energéticas y la elevada dependencia energética de la economía española, casi 30 puntos por encima de la media europea. Pero no solo eso, sino que ahonda más en la falta de competitividad de las renovables y la relaciona con las barreras administrativas, técnicas y los obstáculos de todo tipo que impiden su mayor desarrollo en España.
Este análisis coincide con las denuncias que desde la Fundación Renovables y todo el sector de las energías renovables ha hecho del RDL 1/2012 y es muy importante que desde Europa se diga con claridad que son las barreras que impiden hacer más renovables las que retrasan la maduración de la tecnología. No es casual, pues, que el freno a las renovables se acompañe de retrasos e incumplimientos de las directivas europeas de renovables y eficiencia energética.
Pero al diferencial que mantiene España con respecto a Europa en dependencia energética hay que añadir otro que la Fundación Renovables ha puesto de manifiesto reiteradamente y que no se cita en el documento de trabajo y es el diferencial de intensidad energética que es del 24% con respecto a la UE-15. Y es la distancia que nos separa de la Unión Europea en dependencia e intensidad energética el mayor lastre de competitividad de nuestra economía con respeto a las economías con las que competimos.
Una explicación a esta distancia entre España y Europa reside en que nuestro modelo de negocio energético se ha basado en incentivar el mayor consumo y no en el ahorro y la eficiencia energética. Y ese modelo, que funcionó en la fase expansiva del ciclo económico, resulta ahora insostenible con crecimiento nulo o negativo del PIB. Que desde 2008 nadie haya querido cambiar la regulación y el sistema energético solo ha servido para agravar los problemas hasta un límite insoportable. Por eso, la insistencia de algunos en culpabilizar a las renovables resulta tan absurda que el hecho de que no se aluda a ella ni por asomo en este documento de la Comisión Europea resulte refrescante y muy esperanzador.
La competitividad de nuestra economía depende de que introduzcamos en ella más conocimiento y tecnología propia, más eficiencia en el uso de los recursos y más innovación en los procesos productivos. Las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética contienen todos esos elementos.
La conclusión que se debe extraer de la valoración que se hace desde Europa de nuestra política energética es que las renovables son necesarias para el crecimiento económico, que las renovables y los servicios energéticos son un factor de competitividad de primer orden que es un error paralizar y obstaculizar con barreras normativas y de seguridad jurídica como se está haciendo en España y que los objetivos de europeos en materia de energía para 2020 no se pueden subestimar ni despreciar como se está haciendo absurdamente en la política española.
