UNEF nace con una base social superior a los 430 socios, responsables de más del 85% de la actividad del sector fotovoltaico, y con una estructura plural en la que puede integrarse cualquiera que participe del sector con independencia de su actividad y tamaño. Para lograrlo se han establecido nueve tipo de socios y cinco secciones dentro de la asociación: productores, instaladores e ingeniería, fabricantes, distribuidores y mixta.
Prueba de la pluralidad admitida es que uno de los nombres que aparece en la lista de socios iniciales de UNEF es Iberdrola, eléctrica integrada en la patronal UNESA, cuyos presidentes (Sánchez Galán y Montes, respectivamente) critican desde hace años la actividad fotovoltaica, la han culpado del déficit tarifario y no han dudado al exigir al gobierno (presente y anterior) que la frenase. A pesar de todo, explica Luis Torres, miembro en funciones de la directiva de UNEF, “nosotros nos dedicamos a vender e instalar tecnología que genera kWh, lo que tiene que ver con las eléctricas. Por lo cual Iberdrola y todas las eléctricas son bienvenidas en UNEF”.
UNEF celebrará el próximo 19 de junio su primera Asamblea General Ordinaria, en la que se elegirán los nuevos órganos de gobierno: Presidencia, Junta Directiva y Comités de Dirección de las distintas secciones. El Presidente será nombrado por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. Todos los órganos tendrán un mandato de dos años.
Seguridad jurídica y autoconsumo con balance neto
Son los objetivos prioritarios de UNEF. Juan Laso, miembro de la directiva en funciones, ha asegurado que hay que recuperar la confianza de los inversores y que la manera de hacerlo es volviendo a tener seguridad jurídica mediante la derogación de las medidas retroactivas impuestas por el RD-Ley 14/2010. Es esa inseguridad jurídica, ha asegurado Laso, la que impide, independientemente de la moratoria a las renovables, poner una planta en el mercado. “Lo que hay ahora es carnaza para los fondos buitre”, ha afirmado.
El autoconsumo con balance neto es el otro gran reto de UNEF. Tecnológicamente se está preparado pero no hay una legislación específica. El gobierno tiene la palabra sobre un asunto sobre el que ya se han hecho propuestas muy concretas, explica Jorge Morales, como “que haya un incentivo fiscal durante cuatro años para lanzar esta actividad, y que luego desaparezca, y hemos vinculado ese incentivo a que exista un contenido mínimo europeo”. Es decir que dentro de toda la cadena de valor de la instalación fotovoltaica, desde la fabricación hasta su puesta en servicio, haya un cierto porcentaje aportado desde Europa”.
“Lo único que estamos pidiendo a la administración”, explica Luis Torres, “es que nos permita que el kWh generado se pueda consumir de forma diferida” en una actividad que se ha identificado como fuente de empleo. “El desarrollo de una política que nos permita potenciar la generación distribuida y particularmente el autoconsumo con balance neto nos servirá para crear no menos de 50.000 empleos de manera capilar, entendiendo por capilar en todas y cada una de las comunidades autónomas, no será una generación centralizada”.
Déficit de tarifa
UNEF ha asegurado que una gran parte del sector fotovoltaico, que tiene apalancados más de 20.000 millones de euros, se encuentra en “Default Técnico” y que esta tecnología está pagando ella sola el 62% de las medidas tomadas para contener el déficit, en total 760 millones de euros. Es decir, el 30% de la facturación del sector. Una situación que re repetirá en 2012 y en 2013. “Somos un sector que representamos algo más del 10% de los costes del sistema eléctrico y sin embargo se nos han impuesto algo más del 30% de los recortes”, ha indicado Juan Laso.
Preguntado sobre si desde UNEF se aceptarían más recortes, Juan Laso se ha preguntado “¿qué tipo de recortes se pueden aplicar a una planta cuyo inversor a duras penas puede pagar los préstamos con los que ha acometido la inversión?”. La rentabilidad global de un proyecto estaba de media era del 7,58% en 2008 y en 2011, después de los recortes, se sitúa en un 6,75%. “Un 6,75% hoy, para una instalación que está a la intemperie durante 25 años, significa 75 puntos básicos, o menos, por encima del bono español a 10 años. La gente podrá llenarse la boca al hablar de rentabilidad, pero esta es la realidad de los números”, ha asegurado Laso.
La co-presidenta de UNEF en funciones, Rocío Hortigüela, ha explicado que entre las propuestas que se le hizo al gobierno para reducir el déficit tarifario el sector fotovoltaico incluyó “lo que llamamos coeficiente de eficiencia. Estábamos dispuestos a asumir recortes, los mismos, en el mismo porcentaje, que el resto de los costes regulados del sistema, previo restablecimiento de las condiciones que tenía el sector antes de la entrada en vigor del RD 1565/2010 y RD-L 14/2010. A partir de ese restablecimiento estábamos dispuestos a sentarnos con el resto de los actores del sistema y estudiar qué recortes se podía hacer a todo el mundo homogéneamente para tratar de apoyar al gobierno en esta reducción del déficit tarifario que tanto les preocupa. De hecho el conjunto de las medidas que proponíamos suponían un recorte de 11.600 millones frente a los 4.000 que se está pretendiendo hacer”.
La opacidad de UNESA
Jorge Morales ha afirmado que todos los años se informa a la Comisión Nacional de la Energía de los costes del sector fotovoltaica. “Somos transparentes”, ha dicho para después pedir a UNESA una auditoría de costes. “No entiendo porque el señor Montes se niega a hacer una auditoría de costes. Nosotros no nos hemos negado, en ningún momento”. Asimismo, ha retado “a quien diga que tenemos una rentabilidad excesiva que lo demuestre”.
De la misma manera, ha recordado que desde 2007 hasta 2012 la punta de demanda de electricidad no se ha movido de los de 44.000 MW. Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo se han construido más de 5.000 MW de centrales de gas. “Ahora nos quejamos de que están infrautilizadas, ¡pero si es que no hacían falta!, ha afirmado. También ha reconocido que en esos mismos años se han construido 4.000 MW fotovoltaicos. La diferencia, ha asegurado Morales, es “que están dentro de la planificación de una política de energías renovables y los 5.000 MW de gas se han construido por la voluntad de las empresas que han decidido entrar en el régimen ordinario”.
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