Probiomasa, que mantiene el eslogan de su renovada puesta de largo (Por el empleo, la sostenibilidad y el desarrollo rural), quiere hacer honor al sentido social que tiene también su iniciativa y propone al Gobierno algunas medidas para mitigar el severo impacto de los recortes del gasto público. El objetivo: “iniciar lo antes posible una recuperación que, necesariamente, pasa por una inmediata creación de empleo”. Y en este punto le pide al Gobierno, y más concretamente al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que incluya todas las biomasas en las medidas anunciadas tanto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como para no tener que adquirir derechos de emisión en el extranjero.
La semana pasada, el ministro presentó durante su comparecencia en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso de los Diputados la nueva estrategia general de lucha contra el cambio climático, que cuenta con un plan de empleo en el sector forestal ligado fundamentalmente a la reforestación y al uso de la biomasa. Desde Probiomasa piden a Arias Cañete que “entre las 19 medidas anunciadas se incluya con carácter prioritario la potenciación de las biomasas, por ser uno de los sumideros nacionales de emisiones más eficiente, así como el principal mitigador de las emisiones difusas, y que, por tanto, permitiría ahorrar más emisiones con menor esfuerzo y en menor lapso de tiempo”.
507 millones de euros de ahorro en biomasa eléctrica y 331 en térmica
Según cálculos de Probiomasa, el ahorro por compra de derechos de emisión, si el objetivo del Plan de Energías Renovables 2011-2020 en relación con el desarrollo de las biomasas se cumpliera, sería de “507 millones por parte de las biomasas eléctricas, que incluyen el biogás y FORSU (fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos; y de 331 millones de euros por parte de las biomasas térmicas utilizadas en edificación y en el sector industrial”. “Por tanto –añaden–, si se cumplieran los objetivos fijados en el PER 2011-2020, el Estado podría recortar en su período de vigencia costes de compra de emisiones por importe de unos 837 millones de euros”.
Con esta medida, “no solo se evitaría la enésima desviación al alza del gasto público, sino que permitiría nueva actividad que generaría de modo inmediato creación de empleo en el medio rural, agrícola, forestal y ganadero”, puntualizan desde la plataforma, que tras su presentación cuenta con dos nuevos socios (Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transportes y Energía –CIDAUT– y el Instituto de Desarrollo Comunitario –IDC–), que elevan a 26 sus miembros.
Probiomasa insta al Gobierno a “tomar con urgencia la iniciativa en esta cuestión, facilitando alcanzar ahorros necesarios y posibles en la abultada factura que por derechos de emisión vienen soportando las cuentas públicas”. Recuerdan que España es el segundo país del mundo, tras Japón, que más gasta en la compra de derechos de emisiones de dióxido de carbono. Por ello, insisten en que se debe “apostar de una vez por todas por el desarrollo de la biomasa al resultar estratégico para España, ser la energía que más empleo de calidad genera y mantiene en el medio rural, así como la que más riqueza inyecta en el mismo, la que más impuestos paga, la que más residuos valoriza, la que más emisiones de CO2 evita y la que aporta una mayor estabilidad al sistema eléctrico al no haber incidido en el déficit de tarifa y ser 100% gestionable”.