Los reiterados ataques contra las renovables por parte de los altos directivos de Gas Natural Fenosa bien merecen, no solo respuesta, sino algunas consideraciones sobre su pánico a las fuentes de origen renovable. Porque sólo como un ataque de pánico se puede entender la sinrazón de reclamar la inseguridad jurídica como regulación para las renovables para que ellos puedan vender el gas que ya han comprado y pagado a los precios que solo ellos conocen. Qué concepto tendrán de la seguridad jurídica que sólo la reclaman para ellos.
Pero merece la pena analizar con más detenimiento el contexto en el que esos ataques se producen ahora. En primer lugar, la expropiación de YPF por el Gobierno de Argentina afecta directamente a REPSOL; pero al tener ésta una participación del 30% en GNF, las dos corren el mismo riesgo y su situación ahora es que ambas son “opables”. De hecho, se ha considerado su fusión para defenderse mejor. Y aquí surge la primera gran contradicción: cuando exigen para ellos en el exterior la seguridad jurídica que niegan a las renovables en su propio país. En una economía moderna, como son las economías con las que competimos, esa contradicción es inimaginable.
En segundo lugar, hay que destacar el desastre de la planificación gasista de 2002, cuya descripción se puede leer con gran claridad en el preámbulo del RDL 13/2012 y que es como para poner nervioso a cualquiera. Las inversiones gasistas se han hecho en un marco liberalizado y las empresas libremente han desarrollado los gasoductos, regasificadoras, almacenamientos subterráneos y centrales de gas tal y como libremente han decidido sin prever el sobredimensionamiento de dichas infraestructuras.
A partir de 2008, como consecuencia de la crisis, la reducción del consumo de gas ha sido constante de manera que se prevé que el grado de utilización hasta 2014 de dichas infraestructuras no pase del 40% o 60%. A pesar de eso y conociendo esa sobrecapacidad, desde 2009 se han seguido conectando más de 3.000 MW de centrales de gas que suman ya 25.269 MW (solo en la península) lo que, unido al descenso de la demanda, al decreto del carbón y al incremento de la producción renovable, ha provocado una drástica reducción de las horas de funcionamiento de estas centrales, aunque algunas entran habitualmente por restricciones en condiciones muy favorables.
Además, y pese a todos estos datos, se ha seguido invirtiendo en nuevas infraestructuras. Ahí radica el origen del déficit generado en la tarifa del gas. El RDL 13/2012 ha paralizado esas inversiones gasistas porque las previsiones de demanda de gas no las justifican.
En tercer lugar, en los datos de la CNE de 2011 se puede observar cómo en el Régimen Especial el coste de las renovables ha descendido un 4,4% y el de la cogeneración se eleva un 8,8% por el aumento de los precios del gas. La tendencia es clara, mientras el precio y el coste de las renovables descienden, aumenta el de los combustibles fósiles, se incrementa el déficit de tarifa y sube la luz. Pedir más recortes a las renovables para consumir más gas agravará todos nuestros problemas energéticos.
En cuarto lugar, la opacidad de los contratos de suministro de gas encierra secretos que alguna autoridad debería aclarar. No se conocen los precios y sólo cuando aparecen sentencias, como el laudo arbitral internacional que condenó a GNF a pagar a la argelina Sonatrach más de 1.500 millones de euros por diferencias de precios desde 2007 y que el Ministerio de Industria aprobara recargos en la tarifa del gas para pagar esas cantidades, uno se da cuenta de cómo la falta de transparencia y de competencia parece el modus vivendi en un sector básico para la economía nacional. La forma de esos contratos que hacen pagar el gas antes de consumirlo condiciona un modelo de negocio basado en el mayor consumo. El problema surge con la crisis de 2008 que coge al sector energético con el pié cambiado y sin prever el impacto de la crisis económica.
Cortina de humo
En el sector del gas no se han hecho bien las cosas y ha cundido el pánico. Los ataques contra las renovables son la cortina de humo para que nadie se fije en los problemas de la dependencia del gas. Y el PP repite los mismos errores que cometió el PSOE. En diciembre de 2010 se aprobó el RDL 14/2010 que recortó en más de 4.400 millones de euros las primas a las renovables y limitó un 30% las horas a la fotovoltaica, lo que ha supuesto 750 millones de euros más de ajuste. Un mes después la luz subió un 10%, según la CNE, debido a los pagos por capacidad al gas y al carbón y a las subastas de la tarifa de último recurso. Ahora, con la moratoria renovable del RDL 1/2012 está pasando lo mismo.
Los ataques de GNF contra la seguridad jurídica de las renovables para consumir más gas merecen dos últimas consideraciones: la primera es que los combustibles fósiles tienen miedo al avance de las renovables, porque frente a hidrocarburos importados de países inestables, con riesgo de suministro, precios ocultos y elevados, las renovables son autóctonas e ilimitadas, con precios y costes decrecientes y animan una industria local con tecnología propia. En un sistema de libre competencia e internalización de costes, las renovables son un competidor muy fuerte que, poco a poco, está quitando mercado a las tecnologías convencionales.
La segunda es que atacar la seguridad jurídica de las inversiones renovables en España es atentar contra el prestigio del país; ante los inversores internacionales es una señal inequívoca de mal gobierno que cuestiona la seriedad de las instituciones y de las propias empresas españolas que presionan para aplicar unas prácticas de economía tercermundista. Por ello, tampoco se explicaría que el Gobierno atendiera presiones de este tipo que cuestionan la seguridad jurídica en nuestro propio país cuando está empeñado en defender la seguridad jurídica de las inversiones españolas en el extranjero, entre ellas las de GNF, y en lograr la confianza de los mercados internacionales y las instituciones europeas. El remedio para el pánico no puede ser la soberbia. Y esa es una de las razones de los errores estratégicos que están en el fondo de la crisis energética que se está gestando en España por el constante ataque negacionista que se ejerce contra las renovables.
Por la seguridad energética de nuestro país y por el prestigio de nuestra economía y nuestras instituciones ante los inversores nacionales e internacionales, cabe exigir al Gobierno que defienda la seguridad jurídica de las inversiones en energías renovables. La confianza en la economía española depende de muchos factores pero este es el primero que determina las decisiones de los inversores y parece mentira que desde las propias empresas españolas se pretenda arruinar esa confianza aplicando la retroactividad como una práctica justificable.
