Greenpeace dispone de diez días –el plazo establecido para este proceso– para presentar alegaciones a la Orden de incoación para la revocación de la Orden ITC/1785/2009, de 3 de julio de 2009, en la que se acuerda el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (para el 6 de julio de 2013, así como el proyecto de Orden Ministerial. Mediante estos documentos, el pasado 27 de abril José Manuel Soria, ministro de Industria, inició el procedimiento de revocación parcial del cierre de la central.
Greenpeace mantiene, sin embrago, que debe cerrarse sin la menor dilación : “Garoña acumula problemas técnicos y de seguridad que la empresa propietaria no tiene previsto solucionar, es una de las instalaciones nucleares más viejas de Europa, su producción es innecesaria para la seguridad de suministro eléctrico y, además, su desmantelamiento generaría muchos más puestos de trabajo que mantenerla en operación”, afirma la organización. "Es una burla a los funcionarios del Ministerio de Industria, que fundamentaron el cierre de Garoña, y a los Tribunales de Justicia, que lo confirmaron", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.
Fundamentos jurídicos, energéticos y económicos
Entre los fundamentos jurídicos en los que se basa el proyecto de revocación se explica que la orden ministerial es un acto administrativo que carece de naturaleza normativa y es desfavorable. Sin embargo, esta Orden Ministerial fue ratificada por la Audiencia Nacional el 14 de julio de 2011, que confirmó la decisión que el Gobierno tomó en 2009. También confirmó el no otorgamiento de ninguna indemnización.
En cuanto a la conveniencia de mantener abierta la instalación ante la dependencia energética de España, Greenpeace recuerda que la actividad de Garoña supone menos del 0,3% en el sistema energético español, cuando, además, esa actividad depende de la importación y del tratamiento del uranio que utiliza. En los fundamentos del proyecto de revocación también se aludea consideraciones económicas, poniendo el acneto en la optimización de los costes energéticos. Otra equivocación, de acuerdo con Greenpeace, ya que, señala, el origen de la electricidad tiene muy poca influencia en los precios con el actual sistema marginalista de formación de precios en el mercado mayorista de producción eléctrica.
Nuevos requisitos de seguridad
Este proyecto de revocación se presentó al día siguiente de que el Grupo de Reguladores de Seguridad en Europa, ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), presentara sus conclusiones a la Comisión Europea sobre las pruebas de resistencia de las centrales nucleares tras el accidente de Fukushima.
Greenpeace, que ha participado en la reunión que la Comisión Europea ha celebrado esta misma semana sobre este asunto, señala que Guenther Oettinger, Comisario de Energía, anunció que el proceso se prolongaba para llevar a cabo nuevas inspecciones y que propondrá medidas para mejorar la independencia de los reguladores nacionales a nivel europeo.
En el documento del ENSREG en el que valora las pruebas de resistencia realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a las centrales nucleares españolas (Peer review country report. Stress tests performed on European nuclear power plants. Spain) destaca las carencias para la gestión de accidentes integrado dentro del marco legal español, junto con otras deficiencias detectadas. Una de las carencias más importantes de las pruebas de resistencia es la falta de consideración del envejecimiento de las centrales nucleares, aspecto fundamental en el caso de Garoña..
Coste falso
Otras fuentes consultadas por Energías Renovables coinciden en señalar que las justificaciones en que se basa la incoación del procedimiento de revocación de la orden de cierre de Garoña son totalmente falsas y se basan más en una defensa ideológica de las bondades de la energía nuclear que en un análisis real de las condiciones de funcionamiento de la central dentro del sistema energético.
Respecto a la seguridad, aseguran que solo la relación de la documentación que ha de aportar la central para su prórroga indica que al día de hoy Garoña no cumple los requisitos de seguridad nuclear ni los nuevos estándares de seguridad establecidos después de las explosiones de los rectores de Fukushima.
Solo esta consideración haría inviable la operación de la central, destacan.Pero también se minusvaloran los problemas no resueltos de energía nuclear. Todo ello, unido a la falta de responsabilidad civil y de internalización de costes, hace que se esté dando un análisis de costes falso de la energía nuclear, aseguran.
Por último, en relación al empleo en la zona (otro de los argumentos contemplados para su continuidad), aseguran que el desmantelamiento de la central ofrece oportunidades de empleo equivalentes a las de la instalación y un periodo de tiempo superior a diez años para desarrollar nuevas oportunidades laborales, tanto en las actividades relacionadas con las fuentes renovables como la eficiencia energética.
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