La retroactividad ha vuelto a escena. Primero fue el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, el que legislara en el año 2010 "marcha atrás" –aprobando dos reales decretos que afectan de manera retroactiva al sector de las renovables– y ahora son los voceros del lobby del gas nacional. Un lobby que el martes, por boca de Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa, volvía a sacar a escena la retroactividad: “el Gobierno –apuntó– tendrá que tomar una decisión. No creo que haya un problema de seguridad jurídica, porque a nosotros ya se nos ha recortado en distribución y no hay ninguna razón que impida hacerlo en otro negocio regulado como el de las renovables. No se trata de algo retroactivo”.
Pues bien, como respuesta a esas declaraciones, APPA difundió ayer un comunicado en el que señalaba que “las energías renovables están amparadas por un paraguas legal, que es el objetivo reconocido en la Ley 54/97, y han sido realizadas según las especificaciones y retribuciones marcadas por el Boletín Oficial del Estado". Según el presidente de la asociación, José María González Vélez, "modificar esas condiciones nos pondría al mismo nivel que aquellos países que criticamos por su arbitrariedad”. El apunte coincide grosso modo con la opinión de Bruselas. Así lo apunta APPA en su comunicado de ayer –"los recortes retroactivos realizados por el anterior gobierno fueron duramente criticados por el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger"– y así lo expresó también el propio Oettinger y la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, que enviaron una carta conjunta a Sebastián en febrero de 2011 en la que expresaban “sus reservas” sobre las medidas puestas en marcha por el entonces ministro español de Industria.
Dos comisarios ya lo dijeron en febrero de 2011
El primer párrafo de aquella misiva era francamente elocuente: "Entendemos que las condiciones de las instalaciones solares fotovoltaicas en España se han modificado mediante el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, que limita la prima a un máximo de 25 años por cada instalación fotovoltaica, y el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, que limita la producción anual primada de las instalaciones fotovoltaicas. En especial, el carácter retroactivo de la última medida ha suscitado grave preocupación. Nos gustaría informarle de ello y expresarle nuestras reservas en relación con estas medidas. Esto no le sorprenderá si considera lo indicado al respecto por la Comisión en ocasiones anteriores".
Más ahorro que primas
Pues bien, un año después de aquella carta, pero en la misma línea se ha expresado –lo hizo ayer, a través del susodicho comunicado– el presidente de APPA, González Vélez, que ha criticado duramente las recientes declaraciones de directivos de grandes compañías eléctricas que piden recortes retroactivos a la retribución renovable so pretexto de atajar el grave problema del déficit tarifario. Según Vélez, “las energías renovables han ahorrado en el mercado eléctrico 9.173 millones de euros más que las primas recibidas en el período 2005-2010. Las renovables, por su evolución de costes comparada con los precios de los combustibles, son parte de la solución al déficit, no parte del problema”. Más aún: el presidente de APPA ha advertido de que "si empezamos a pedir ajustes retroactivos para resolver el déficit tarifario, entonces entenderemos como normal las expropiaciones en Argentina o Bolivia y podríamos resolver el déficit tarifario simplemente negando su pago. La seguridad jurídica es necesaria para todas las inversiones y nos permiten tener una reputación internacional que hoy no podemos perder”.
Los errores estratégicos del sector del gas
Durante los últimos cinco años, en España se han instalado 14.000 megavatios de centrales de gas cuando el consumo sólo ha aumentado un 5%. Según APPA, esto ha llevado a nuestro país a tener un sistema eléctrico sobredimensionado. “Algunos empresarios de grandes eléctricas españolas no dudan en cuestionar los objetivos vinculantes comprometidos con Bruselas por nuestro Gobierno o en poner en peligro nuestra credibilidad como país antes de reconocer los graves errores estratégicos –tanto en infraestructuras como en contratos de abastecimiento– cometidos en el desarrollo del mercado de gas en España, que han generado una auténtica burbuja del gas. Precisamente, las políticas europeas e internacionales de desarrollo de las renovables defienden decididamente el interés general y de futuro, sustituyendo el gas y otras energías fósiles, que debemos importar y son contaminantes –contaminación que también debemos pagar–, por fuentes autóctonas y limpias como las renovables”, ha señalado el presidente de APPA.
Ayer mismo, las multinacionales que operan en España han reclamado al Gobierno previsibilidad y ausencia de legislación retroactiva, señalándolos como las principales barreras de inversión de nuestro país, un análisis con el que se identifica plenamente la Asociación. “Es muy difícil que España consiga atraer inversiones extranjeras y se recupere de la actual crisis si no existe una confianza plena en nuestro marco regulatorio”, ha concluido González Vélez.
