Recuerda ANPIER que “el anterior Gobierno socialista, dando continuidad a normas establecidas desde el año 2004, promovió la inversión de 55.000 instalaciones fotovoltaicas, que supusieron convertirnos en una potencia mundial en esta tecnología”. Sin embargo, a finales de 2010 decidió cambiar las reglas del juego, implantó medidas de carácter retroactivo y acabó con la seguridad jurídica, asegura esta asociación.
El resultado ha sido que multitud de promotores se han encontrado con una inversión fallida porque “amparadas por el principio constitucional de confianza legítima, invirtieron sus ahorros en proyectos auspiciados por el Estado y la Comunidad Europea”. En esos momentos, argumenta ANPIER, “la oposición en pleno, incluyendo el Partido Popular, reclamó la exigencia de seguridad jurídica a las normas que establecía el Estado, y a la vista de los últimos acontecimientos, los productores, nos vemos obligados a recordarle al actual Gobierno, la necesidad de que sea consecuente con aquellas afirmaciones”.
“Desde ANPIER abogamos por que el Gobierno español retome nuestras legítimas pretensiones, toda vez que cientos de pequeños productores están perdiendo todos sus bienes de forma claramente injustificada, pues no es concebible la existencia de riesgo regulatorio en un país que entendemos debiera de ser serio en los compromisos con sus nacionales”, asegura la asociación.
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