Según informa Europa Press, las cinco grandes eléctricas junto con los tres grandes consumidores españoles de electricidad (Alcoa, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc) y otros grandes grupos, ultiman un plan para reclamar al Gobierno medidas urgentes que les permitan contar con una tarifa eléctrica especial que garantice la competitividad de la industria. En su opinión, la factura de las primas a las renovables y al régimen especial, de cerca de 7.000 millones de euros al año, “son insostenibles” y se han convertido “en el principal lastre para el sistema eléctrico”. Esto lleva a pagar al consumidor un sobrecoste en la tarifa que hace a la gran industria menos competitiva que los países del entorno, mantienen.
Dada la excepcionalidad del momento actual y el abultado déficit de tarifa, de 24.000 millones, las eléctricas no solo ven necesario impedir la instalación de nueva potencia limpia, sino también aminorar la retribución ya comprometida durante casi treinta años con los proyectos renovables, siempre según la información facilitada por Europa Press, Las eléctricas consideran que un recorte de la partida de las primas a las renovables, que garantizan a estas instalaciones una rentabilidad “muy superior” a la del régimen ordinario, tiene base legal si el Gobierno evoca el principio de rentabilidad suficiente contemplado en la legislación del sector eléctrico.
En las medidas de marzo para atajar el déficit de tarifa, el Gobierno subió un 7% la Tarifa de Último Recurso (TUR) para los consumidores domésticos y un 0,91% para las grandes industrias, a las que recortó además el incentivo que reciben por la interrumpibilidad, esto es, por reducir su actividad en momentos de mucha demanda eléctrica.
Contratos bilaterales
Las eléctricas y la gran industria mantienen en paralelo y de forma casi continuada negociaciones acerca de las renovaciones de sus contratos de precios de suministro eléctrico dentro del mercado liberalizado.
Hasta 2009, las grandes empresas industriales contaban con una tarifa específica, la G4, que el Gobierno suprimió en pleno proceso de liberalización del suministro al considerar que resultaba incompatible con la normativa europea que establecía el fin de las tarifas reguladas en alta tensión a partir del 1 de junio de 2007.
La semana pasada, la industria del cemento pidió públicamente una reducción del precio de la energía y advirtió de la posibilidad de que se produzcan más cierres de plantas a corto plazo. El presidente de Oficemen, Juan Béjar, pidió que se pague el coste real de la generación. Las grandes industrias del sector calculan que el coste real de la electricidad ha pasado en cinco años de tener un peso en la factura del 72% al 44%, mientras que los costes regulados se han incrementado en más del 90%.