La propuesta había sido presentada por el grupo parlamentario popular, que la justificó en la necesidad de que no se paralice el “Acuerdo para el Desarrollo Energético Sostenible de Extremadura 2009-2012”. Ese acuerdo, aprobado en junio de 2009 por unanimidad en el parlamento, define un nuevo modelo energético de Extremadura basado en el desarrollo de las energías renovables y en el ahorro y eficiencia energética. Y ese modelo se entiende como un instrumento de recuperación y transformación de la realidad socioeconómica regional.
La aprobación por parte del gobierno central de la moratoria a las renovables, en la práctica la suspensión de los incentivos económicos y los procedimientos de preasignación de proyectos, pone patas arriba el Acuerdo Energético extremeño. De acuerdo a los números del Partido Popular se paralizarían más de 500 proyectos energéticos, se perderían 5.000 millones de euros en inversiones y se quebrarían 14.000 empleos potenciales. Además, se podría provocar que la eólica y la biomasa no se incorporen al mix energético regional. Actualmente la potencia instalada es 0 MW y 15 MW, respectivamente.
PP versus PP
Ante esta situación, el Partido Popular extremeño presentaba ante el parlamento de su región una propuesta para que el gobierno de la nación concrete los plazos de la suspensión de los incentivos económicos y los registros de preasignación de retribución. La iniciativa del PP era enmendada por Izquierda Unida que pedía que esos plazos se concreten “antes de que termine el año 2012”. Finalmente con esa consideración era votada y aprobada por el pleno autonómico.
La Asamblea de Extremadura también insta al gobierno Rajoy a que legisle y permita el llamado balance neto de electricidad, que establezca un régimen económico específico para biomasa y cogeneración, y que se reconozca el derecho a la percepción de un régimen económico adicional para instalaciones de producción de tecnología solar termoeléctrica de carácter innovador, de alta eficiencia energética y de eficiencia de costes que se desarrollen en Extremadura.
Finalmente, a iniciativa de Izquierda Unida se añade una petición más. Que el gobierno central facilite y agilice los trámites de acceso y conexión a la red de transporte, e incentive fiscalmente los proyectos para la construcción y puesta en marcha de “centrales solares fotovoltaicas de gran potencia a mercado que actualmente se están impulsando en Extremadura”.
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