La ley establece que las distintitas instalaciones y tecnologías que utilizan fuentes de energía renovable, cogeneración o residuos como energía primaria deben cumplir unas condiciones que permitan soportar huecos de tensión en la red sin desconectarse, evitando desconexiones en cascada que podrían afectar a la continuidad del suministro eléctrico.
Las instalaciones fotovoltaicas de potencia superior a los 2 MW deben cumplir con los “Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones de producción de Régimen Especial”, en los que se establece que el titular de la planta debe adoptar las medidas de diseño y/o control necesarias para que la instalación se mantenga acoplada al sistema eléctrico sin desconectarse por causa de los huecos de tensión.
“De forma semejante a lo realizado en el sector eólico” -explica ENAC en un comunicado- “el sector fotovoltaico ha desarrollado, en colaboración con los agentes implicados, estos requisitos y establece la necesidad de que actúen laboratorios y entidades de certificación de producto o entidades de inspección acreditados por ENAC, para evaluar y garantizar su cumplimiento”. En la actualidad ya existe una oferta de servicios acreditados en todas las categorías de ensayo, certificación e inspección (ver cuadro).
Objeto de controversia
El coste de los huecos de tensión es una de las cuestiones técnicas que la Asociación de la Industria Fotovoltaica recurrió ante el Tribunal Supremo. Es uno de los asuntos que se incluyen en la reclamación tras la aprobación por parte del Ministerio de Industria del Real Decreto 1565/2010.
ASIF estimó que la adaptación de respuesta a los huecos de tensión supone para los propietarios de las instalaciones el desembolso de entre 16.000 y 47.000 euros por MW nominal, aunque pueden producirse casos aún más desfavorables si es necesario cambiar el inversor. Entonces habría que sumar otros 237.000 euros por MW nominal. En total unos 100 millones de euros.
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www.enac.es
