El Real Decreto Ley 1/2012 deja en suspenso el sistema de incentivos del Régimen Especial lo que según APPA “supone, en la práctica, la paralización legal del desarrollo de las energías renovables en España”. Curiosamente esta paralización coincide, en el mismo texto, con una reiteración de la apuesta del Gobierno por las energías renovables. La paralización no es retroactiva ni afecta a las plantas que ya han sido inscritas en los registros de preasignación. Sin embargo, esta medida tendrá graves consecuencias en un sector que, en los últimos dos años, ha perdido 20.000 empleos.
“La medida aprobada paraliza el sector de las energías renovables en nuestro país, destruyendo un tejido empresarial pujante y actuando a contra corriente con el resto de Europa donde Alemania, líder en renovables a nivel europeo, mantiene una de las tasas de paro más bajas del continente y una de las economías más fuertes. La paralización del sector renovable, con diferencia el que más empleos genera por megavatio producido, es un grave golpe a las posibilidades de recuperación económica de nuestro país”, ha explicado hoy la asociación en un comunicado.
En los últimos años, las energías renovables han incrementado su presencia en la economía española, superando a sectores tradicionales como el textil o la pesca y con un balance netamente exportador. “Los objetivos vinculantes comprometidos con Bruselas y el grave problema nacional de dependencia energética de las importaciones parecían augurar un apoyo del Gobierno entrante, por lo que esta moratoria supone una sorpresa para el sector”.
Revisión necesaria del sistema energético
Desde APPA se considera necesaria una revisión del sistema energético, más aún en el actual contexto de crisis económica, “pero esta revisión debe ser completa. El análisis de las distintas tecnologías y del modelo energético actual no se salda con una moratoria renovable, dado que los problemas profundos de nuestro modelo (exceso de potencia, dependencia energética excesiva, déficit tarifario, subastas inflacionistas…) no han sido producidas por las energías que ahora se paralizan”, ha declarado el presidente de APPA, José María González Vélez.
“Si esta moratoria es una antesala a una revisión profunda y justa de nuestro sistema eléctrico, podemos entenderla. Lo que no tendría sentido es aplicar una paralización temporal de los modelos de apoyo a las renovables y obviar graves problemas de nuestro sistema como los beneficios extraordinarios de algunas tecnologías ya amortizadas, los pagos por capacidad, los costosísimos apoyos al carbón nacional o las subastas CESUR inflacionistas. El ministro Soria debe preocuparse de las razones que han llevado a que, en un solo año, el precio del mercado eléctrico haya aumentado un 33%, pasando de 45,13 €/MWh en 2010 a 60,09 €/MWh en 2011”, ha argumentado el presidente de APPA.
González Vélez ha señalado que las energías renovables no son las responsables del déficit tarifario: “relacionar el volumen de las primas con el déficit es tan demagógico como relacionar los beneficios extraordinarios de nucleares y grandes hidráulicas con el déficit, que sean cifras similares no establece una relación causa–efecto, más aún cuando el déficit tarifario ya era un problema cuando las primas aún eran una cantidad ridícula. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué los pagos por capacidad han aumentado un 100% en 2011 hasta los 1.535 millones de euros en un sistema con sobrecapacidad o por qué las nucleares o las grandes centrales hidráulicas, ya amortizadas, siguen percibiendo unos beneficios extraordinarios tan desproporcionados”, apunta González Vélez.
Beneficios muy superiores a los costes
El recientemente aprobado Plan de Energías Renovables 2011-2020 reconocía de forma oficial los beneficios de estas energías, al estimar en 29.000 millones los beneficios económicos de estas tecnologías, cifra muy superior a los 24.700 millones que costaría su desarrollo, primas incluidas. “Las renovables son parte de la solución a esta crisis y no parte del problema, esta decisión nos aleja de la recuperación económica”.
La petición al Gobierno de seguridad jurídica, desbrozada por el anterior Ejecutivo con cinco leyes distintas desde 2008, cae en saco roto al producirse una paralización repentina del desarrollo de las energías renovables sin consultar ni informar previamente a las patronales del sector.
Uno de los beneficios de las energías renovables es la reducción de la dependencia energética del exterior, un problema que fue agravado el pasado año con los incidentes de la Primavera Árabe. El embargo acordado al petróleo iraní puede empujar a los combustibles fósiles a incrementos en su precio que serán nefastos para nuestra economía. Las renovables son tecnologías autóctonas que pueden disminuir este impacto, si bien la actual moratoria impide avanzar hacia una mayor seguridad de suministro energético.
“Los objetivos marcados para 2010, del 12,1% de energía primaria procedente de energías renovables, no fueron alcanzados –a pesar de que alguna tecnología sí los alcanzase o superase– ya que este porcentaje se quedó en el 11,3%. La actual moratoria dificulta sobremanera alcanzar los objetivos marcados para 2020: el 20% de energía final”.
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