Fue entonces cuando la asociación ecologista Friends of the Earth llevó ante los jueces el recorte planteado por el Ministerio de Energía, que no eran otro que rebajar de 43 a 21peniques kW/h la producción de electricidad de origen fotovoltaico. En diciembre el Tribunal Superior de Londres consideró ilegal esta pretensión y dijo no. El gobierno apeló y el Tribunal de Apelaciones ha vuelto a decir no. La única instancia que le resta al ejecutivo es el Tribunal Supremo.
El recorte planteado por el departamento de energía afectaría a unos 3.700 hogares y empresas británicas y pondría en peligro unos 30.000 puestos de trabajo. Por estos motivos Friends of the Earth ha hecho un llamamiento al gobierno para que desista en sus planes y no apele el nuevo fallo judicial. En su opinión es vital que el ejecutivo de certezas al desarrollo de las energías verdes en el Reino Unido para que exista desarrollo industrial.
En opinión de Friends of the Earth es necesario un plan de gobierno que incluya asuntos como más apoyos a los proyectos familiares, comunitarios y de vivienda social, y afrontar un recorte paulatino de las primas en consonancia y al mismo ritmo que se reducen los costes de la energía solar fotovoltaica.
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