Tanto el Ministerio de Industria como la CNE no han ofrecido datos concretos sobre cuántas instalaciones podrían perder los avales, como les solicitó Energías Renovables. Lo que se sabe es que la Comisión Nacional de la Energía recibió una petición de la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEyM), dependiente de Industria, requiriendo información sobre la producción de electricidad de las instalaciones fotovoltaicas. En concreto sobre las plantas que en 2009 entraron en el Registro de Preasignación de Retribución.
La información solicitada sobre el vertido de electricidad a red de las plantas del 2009 fue enviada por la CNE a finales de agosto. A partir de ese momento Industria analiza los expedientes para determinar qué promotores cumplieron con el plazo máximo de doce meses (prorrogables cuatro meses más) para construir la planta y verter electricidad, y quienes excedieron ese tiempo. Los promotores que cumplieron con el plazo recuperarán los 500 €/kW depositados en forma de aval. Los que se pasaron de tiempo perderán los 500 €/kW, no tendrán derecho al cobro de la prima de producción y si quieren volver al sistema deben presentar de nuevo su proyecto en el preregistro (serían los últimos de la cola) y pagar el aval otra vez.
Lo que parece sencillo y taxativo no lo es tanto. El asunto tiene alguna arista dependiendo si el aval se depositó en la administración central o en las cajas generales de depósito de las comunidades autónomas. Fuentes del sector consultadas por Energías Renovables han indicado que algunos gobiernos autonómicos no estarían dispuestos a ejecutar los avales, según dicen ellos mismos fuera de foco.
La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) ha manifestado en declaraciones a Energías Renovables que “siempre ha sido partidaria de que se ejecutasen los avales, como mecanismo de salvaguardia de la solidez y fiabilidad del mercado fotovoltaico, pero la coyuntura actual nos obliga a ser prudentes: no es de recibo que se ejecuten los avales de proyectos que no han conseguido la financiación por culpa de la inseguridad jurídica que ha generado el Gobierno”.
Ante esta posibilidad, ASIF entiende que “quizá haya que establecer consideraciones especiales para los proyectos adjudicados en las convocatorias más afectadas por el cambio regulatorio; ya es suficiente perjuicio que los proyectos no consigan llegar a buen término por culpa de la inseguridad como para que, además, sean castigados con la ejecución de unos avales cuyo monto ha quedado desfasado por la evolución del precio del sistema fotovoltaico. Hace unos años, cuando las instalaciones valían tres o cuatro veces más que ahora, podían estar justificados los 500 € por kW, pero ya no, es algo desorbitado; y más aún si tenemos en cuenta que para todas las demás renovables, independientemente de su coste, el aval es de 20 € por kW”.
