Una de las medidas que incluye la directiva que explicita los requisitos de sostenibilidad de los biocarburantes obliga a instaurar un sistema nacional de verificación. Según el informe del consejo de la CNE aprobado ayer, el proyecto de real decreto del Gobierno “no incluye el esquema básico orgánico y de funcionamiento y se remite a una futura normativa de desarrollo”. La CNE entiende que el régimen nacional de sostenibilidad debe integrarse de manera eficiente en el sistema de certificación de biocarburantes vigente (gestionado ya por el mismo organismo), “por razones de operatividad, eficiencia y adaptación a las singularidades de la cadena de distribución en España”. Por ello, propone “asumir las funciones de entidad de gestión de la sostenibilidad, con capacidad normativa de desarrollo para la concreción de los aspectos de carácter operativo, e integrar el contenido, formatos y frecuencia de remisión de la información en el sistema de certificación”.
Este es uno de los aspectos más relevantes del informe emitido por la CNE sobre el proyecto de real decreto que transpone las directivas de energías renovables y de calidad de carburantes y que tiene por objeto la incorporación al ordenamiento jurídico español de los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos y el establecimiento del sistema nacional de verificación del cumplimiento de dichos criterios. De forma general, se afirma que el documento propuesto “recoge de forma casi literal el articulado de las directivas, incorporando algunas de las orientaciones interpretativas dictadas por la Comisión Europea, por lo que se entiende adecuadamente transpuesta la regulación comunitaria de los criterios de sostenibilidad”.
Período de adaptación y aprendizaje, mejor que de transición
Otra de las conclusiones principales tiene que ver con el periodo transitorio de puesta en marcha del sistema. La CNE considera que resulta imposible de gestionar en la práctica tanto para los usuarios como para la propia Comisión, ya que “las normas específicas para este periodo son inflexibles en algunos casos y demasiado ambiguas en otros”. Añade además que “se atribuyen a los agentes económicos obligaciones más propias de un sistema plenamente desarrollado que de uno transitorio”. Propone que este periodo sea de adaptación y aprendizaje hasta la entrada en vigor del sistema definitivo, “con una limitación de la responsabilidad de los agentes económicos, la integración de la información de sostenibilidad en el sistema de certificación y un desarrollo normativo que recoja las peculiaridades de la cadena de suministro”.
Por último, en cuanto a la doble contabilización de biocarburantes, la CNE considera que el proyecto reproduce igualmente lo previsto en la normativa comunitaria, pero aplaza la definición de residuos y desechos a una normativa de desarrollo posterior. En la directiva se incluyen biocarburantes que se contabilizan por dos tanto en el cumplimiento del objetivo europeo del 10% de energías renovables en el transporte para 2020 como en las obligaciones nacionales. Entre ellos están aquellos que se elaboran a partir de aceites vegetales usados y grasas animales, entre otras materias primas.
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