El Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, ha sido el encargado de anunciar la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 14/2010 que establece medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.
El gobierno extremeño ha explicado que las medidas contenidas en la nueva legislación ordenada por el Ministerio de Industria suponen que los aproximadamente 305 parques fotovoltaicos extremeños sufran un “perjuicio económico” que el consejero Echávarri ha cifrado en unos “70 millones de euros anuales”. Los recortes a la percepción de la prima fotovoltaica suponen perder un 30% de los ingresos actuales durante los años 2011, 2012 y 2013, según sus cálculos.
La crítica de Extremadura a las medidas del gobierno central, causa de la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional, es que la equivalencia de horas solares contenida en el RD-ley 14/2010 a partir de la cual los productores dejan de cobrar la prima es la misma para todos los territorios. La comunidad extremeña “se siente gravemente perjudicada”, explica su consejero, al ser una región con mayor número de horas solares.
Los servicios jurídicos y el Consejo Consultivo de la Junta de Extremadura recomendaron hace seis meses al gobierno regional la interposición del recurso. Como ha informado Energías Renovables, el anterior gobierno decidió negociar con el ejecutivo central aprovechando al máximo los plazos que le permitían la ley antes de presentar recurso. La última reunión se produjo la semana pasada sin efecto positivo que evitase la reclamación judicial.
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