Con el apoyo de un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Manuel García, presidente de la sección de Biomasa de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), ha desgranado todos los beneficios económicos que obtendría el Estado si se incrementara la retribución de los kilovatios hora producidos con biomasa y biogás. “El saldo positivo saldría no solo de las inversiones y miles de puestos de trabajo que se generarían –resumió García–, sino también del ahorro en la compra de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero, en la prevención y extinción de incendios forestales y en la importación y uso de combustibles fósiles”.
En total, dicho beneficio para el Estado alcanzaría los 130 millones de euros anuales, siempre y cuando se cumplan los objetivos de instalación de potencia que marca el Plan de Energías Renovables 2011-2020. “El sector necesita una señal positiva en forma de mejora de la retribución para que todas las plantas que están en proyecto sigan para adelante y sirvan para cumplir los objetivos” añadió Margarita de Gregorio, responsable de Energías Termoeléctricas de APPA. “Y todo esto se conseguiría sin ningún riesgo de burbuja”, apostilla. El informe de AFI aclara que el incremento de las retribuciones no generaría un crecimiento de la potencia instalada en biomasa y biogás por encima del previsto en la planificación vigente, dada la existencia del registro de pre-asignación.
El biogás necesita pasar de 140 euros el MWh a 170
A la biomasa eléctrica le faltan 766 MW para llegar a los objetivos del PER 2005-2010 (tiene 551 MW y se marcaron 1.317 MW) y al biogás 43 MW (tiene 207 MW y debería estar ya en 250 MW). Pero, de nuevo, Jorge Tinas, presidente de la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de Purines (Adap), miembro junto a APPA de la Unión por el Biogás, recordó que “casi todo lo instalado en biogás procede de vertederos y estamos en unos irrisorios 14 MW de biogás con residuos agro-ganaderos, cuando un país similar al nuestro en este campo, como Alemania, tiene instalados 2.000 MW”. Al igual que en la biomasa, para Tinas la solución pasa por “subir la retribución, que ahora está en 140 euros por MWh, hasta los 170 euros, que incluso estaría por debajo de la alemana, con 190 euros”.
En cuanto a la biomasa, los cálculos de las retribuciones que hace AFI para que se cumplan los objetivos del PER 2011-2020 y dejen el margen de los 130 millones de euros anuales, quedarían de la siguiente manera: para el grupo b.6.1 (principalmente biomasa de cultivos energéticos), 19,785 céntimos de €/kWh; b.6.2 (residuos de actividades agrícolas y jardinería), 16,653 cts/kWh; b.6.3 (residuos de aprovechamientos forestales), 18,01 cts/kWh; b.8.1 (biomasa de industrias agrícolas), 16,345 cts/kWh. Quedaría por definir la del grupo b.8.2 (biomasa de industrias forestales), pero en APPA Biomasa también piden al Gobierno que reestructure los grupos ya que “realmente toda la biomasa forestal procede de aprovechamientos silvícolas”.
“Hace ocho meses que no nos recibe el secretario general de Energía”
A partir de aquí, Manuel García espera presentar estas y otras propuestas al Ministerio de Industria. “Desde hace ocho meses, tras la entrada del nuevo secretario general de Energía (Fabricio Hernández), se paralizaron las negociaciones que manteníamos –señala García–, pero al igual que están abiertas para renovar el marco retributivo de la eólica y la solar termoeléctrica, nosotros también esperamos que nos volvamos a sentar con el mismo objetivo”. Para Margarita de Gregorio, “sería básico hacerlo, porque la modificación del real decreto (el 661/2007 que asigna las retribuciones del régimen especial) se prevé que entre en vigor en 2013, justo los dos años que necesitan las plantas que están ahora en el puesto de salida para estar construidas y en funcionamiento”.
Además del informe de AFI, la cita ha servido para presentar el Inventario de plantas de biomasa, biogás y pellets de APPA 2011. Las 22 plantas de biomasa que corresponden a los socios de APPA suman 358 MW, más del 65% de todo lo instalado en España. A ello hay que añadir los 3,7 MW de las cuatro instalaciones de gasificación de la biomasa, los 98 MW de las 30 de biogás (casi la mitad del total) y los 50 MW de las cuatro incineradoras de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Pero los más significativo aparece en la fase de proyecto, ya que entre el más de medio de centenar de plantas previstas por sus promotores suman 831 MW, ligeramente más que el incremento de potencia total que plantea el PER 2011-2020 hasta este último año (817 MW).
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www.appa.es
