La actual Ley del Sector Eléctrico ya reserva al Gobierno la competencia para autorizar o no el cierre de las instalaciones de generación. Pero ahora, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital está impulsando un real decreto que permitirá el cierre de instalaciones solo “cuando ello no amenace a la seguridad de suministro eléctrico (…) y cuando no fueran esperables efectos desfavorables en los precios de la electricidad”.
Este real decreto establece condiciones adicionales a las ya previstas en la legislación actual para autorizar el cierre de centrales, condiciones que dependen tanto de informes de Red Eléctrica de España, ENAGAS, CNMC y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como de informes de la propia Dirección General de Política Energética y Minas, marcando un nuevo capítulo en la falta de coherencia que sufre la política energética nacional.
En opinión de APPA, esta incoherencia se refleja también en las recientes subastas de potencia renovable, precedidas por más de cinco años de moratoria renovable impuesta y que demuestran la urgencia del Gobierno por alcanzar los objetivos comprometidos con Bruselas para 2020. Sin embargo, los objetivos no se limitan a la penetración de renovables en el mix energético, sino que también obedecen a una necesidad de aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2.
"La voluntad política del Ministerio de evitar el cierre de determinadas centrales va en contra de la tendencia europea. En la Unión Europea, las centrales convencionales, son las que están desapareciendo del sistema energético a mayor velocidad", puntualiza la asociación.
"La contradicción en la política energética es evidente. Más aún, si cabe, después de que el mismo martes 14 de noviembre España se adhiriera a la Plataforma 2050, comprometiéndose a que, en el año 2050, nuestra economía no emitirá más emisiones de las que pueda absorber", añade APPA.
Posicionamiento contrario a las renovables
Durante la celebración del I Congreso Nacional de Energías Renovables, las empresas presentes mostraron la necesidad de conocer de antemano la previsión de incorporación de nueva potencia, pero dada la sobrecapacidad de nuestro sistema eléctrico, también resulta necesario saber cuál sería el calendario de desconexión de la potencia existente que ha quedado obsoleta. Ante la previsión de incorporar en un futuro cercano más de 8.000 megavatios renovables, no se deberían establecer trabas a la decisión voluntaria de empresas que deciden desmantelar centrales.
"El Ministerio, en una semana fundamental para el compromiso con el clima, con la celebración de la COP23, escoge posicionarse evitando que España recupere su posición de liderazgo en materia renovable. De igual manera, manda un mensaje nefasto a la comisión de expertos que está trabajando en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética", concluye APPA.
