Lambán ha apelado a las medidas de carácter “ético, cultural y de tipo civilitatorio” para combatir el cambio climático. Lo ha hecho en el marco de una Jornada organizada por el propio gobierno aragonés y titulada “Después de París, Aragón: el reto de reducir las emisiones difusas”. El presidente del Ejecutivo regional ha asegurado durante su intervención que es voluntad del gobierno aragonés “cumplir los objetivos del Acuerdo de París”. El Gobierno de Aragón ha difundido hace unos minutos un comunicado que recoge esas declaraciones y en el que se asegura asimismo que, "como muestra del apoyo y reconocimiento del Ejecutivo aragonés al Acuerdo de París, aprobado el 12 de diciembre de 2015 en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y ratificado con la firma del 22 de abril en Nueva York, Lambán ha asumido que los poderes públicos deben implicarse en esta tarea y ha citado algunas de las medidas que se están desarrollando desde el Gobierno, tales como atajar los efectos perniciosos de la emisión de gases con efecto invernadero y difusos a través del programa Agroclima, tratar de que el 85% del origen de la energía eléctrica sea renovable en 2020, apostar por la producción de renovables, sobre todo eólica, como foco de creación de riqueza y empleo de calidad o la apuesta por el hidrógeno, además de otras medidas en materia de transportes y vivienda. En definitiva -concluye la nota-, el presidente del gobierno [de Aragón] ha defendido una acción horizontal y de aplicación a medio y largo plazo para tratar de cumplir los objetivos 2020 de la Unión Europea".
Del dicho al hecho
La declaración de intenciones del presidente Lambán (PSOE) contrasta fuertemente con el modus operandi del Ejecutivo que preside. Hace solo dos días el Gobierno de Aragón firmó en Madrid el «Acuerdo en Defensa de la Minería del Carbón», un documento que ha impulsado el lobby carbonero (la patronal Carbunión y las secciones de minería de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT) y en el que no solo se solicita un hueco térmico del 7,5% para la generación de electricidad con carbón (y exenciones fiscales para el mineral nacional), sino que además se pide a las autoridades españolas -véase- que promuevan ante la Unión Europea "las condiciones para facilitar la participación de carbón procedente de explotaciones competitivas más allá del 1 de enero de 2019, fecha límite establecida por la Unión Europea para las ayudas a la producción". Más aún: según el Ejecutivo aragonés, que difundió ayer un comunicado con motivo de la firma de ese acuerdo, mantener la actividad en la Central Térmica de Andorra (que quema carbón, foto) "es un factor estratégico y de seguridad energética para el país en conjunto".
¿Seguridad?
La afirmación (factor estratégico y de seguridad energética) no deja de ser sorprendente, habida cuenta de que en España hay más de 100.000 megavatios de potencia instalados; cantidad más que sobrada (sobradísima) si tenemos en cuenta que la potencia máxima instantánea peninsular demandada no ha alcanzado nunca siquiera (nunca) los 46.000 megas (la marca histórica registrada data de antes de la crisis: 17 de diciembre de 2007, a las 18.53 horas, 45.450 megavatios; ese fue el momento -el instante preciso de toda la historia de este país- en el que más electricidad demandamos a la vez los españoles, el instante en el que más aparatos enchufamos simultáneamente y en el que más máquinas generadoras de electricidad hubo que tener en marcha). Con la crisis a cuestas, en los últimos cinco años ni siquiera se han alcanzado los 44.000 megavatios, por lo que no parece que la central térmica de carbón de Andorra (provincia de Teruel, Aragón) sea particularmente estratégica de cara a la seguridad energética "para el país en conjunto", tal y como apunta sin pudor el Gobierno de Aragón.
El Gobierno de Aragón presenta su visión del Acuerdo de París
«Con la aprobación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la 21ª Conferencia de las Partes (COP21), se culminaron más de 20 años de negociaciones climáticas. El Acuerdo de París logrado en la COP21 (diciembre de 2015) marcó un hito crucial para conseguir un planeta sostenible. Casi 200 países se marcaron como objetivo conseguir que el aumento de la temperatura media del planeta a final de siglo debido al cambio climático se quede "muy por debajo" de los 2ºC con respecto a los niveles preindustriales y hacer esfuerzos para que "no supere los 1,5ºC". Al mismo tiempo, se persigue aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático, mantener la "seguridad alimentaria" y que los "flujos financieros" caminen hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Mediante el Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020, entre otros, se establecen compromisos de reducción GEI en un 20 por ciento, también en los sectores difusos, que en el caso español supone una reducción del 10 por ciento, respecto a 2005. Además en el “Marco 2030”, la meta es reducir en un 40 por ciento, respecto a 1990 las emisiones GEI mediante compromisos concretos que incluyen a los sectores difusos. El 2016 es un año crucial para desarrollar las bases necesarias que permitan implementar el Acuerdo de París. Por ello Naciones Unidas ha programado importantes eventos para avanzar en esta senda y así poder realizar un primer balance en la COP22 que se celebrará del 7 al 18 de noviembre de 2016 en Marraquech (Marruecos)».
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